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ASUNCIÓN- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, quien además preside el consejo de Superintendencia, ordenó la investigación preliminar del escribano y el abogado, ambos auxiliares de Justicia, que posibilitaron la estafa de 800 millones de guaraníes de la que fueron víctimas las familias de 2 obreros de la ANDE fallecidos en su lugar de trabajo.
El escribano Darío Aquiles Flores Mendoza habría firmado el poder para habilitar el cobro de dos indemnizaciones, y el abogado Mario León Caballero recibió la autorización para hacer efectivos los cheques, por lo que son sujetos de investigación por parte de la Justicia.
Los antecedentes del caso serán remitidos a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia y a la Oficina de Quejas y Denuncias, donde determinarán si existen faltas administrativas y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias.
La funcionaria implicada en el caso, Anadelia Acosta Armoa, renunció al cargo esta mañana, a través de una nota presentada por su abogado. La dimisión ya fue admitida y firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
El Banco Nacional de Fomento remitió a la Fiscalía los documentos y las filmaciones del momento en que los cheques fueron cobrados. También inició una auditoría interna para determinar si los pagos fueron hechos con los requisitos exigidos.
Anadelia Acosta, el abogado Darío Flores, Ovidio Brítez y Juan Ramón Acosta fueron imputados por estafa, apropiación y lesión de confianza, por quedarse con 730 millones de guaraníes de indemnización que otorgó la ANDE a dos familias de Caaguazú.
