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El “flamante” procurador General de la República, Sergio Coscia, dijo a Radio Ñandutí, refiriéndose a la tapa de la edición de ayer de ADN Paraguayo, que su caso no se puede comparar con el de José María Ibáñez. Recordemos que ambos fueron beneficiados con el criterio de oportunidad y tuvieron que devolver cierta cantidad de dinero. ¡Y vaya que tiene razón el procurador! Su caso es muchísimo peor.
ASUNCIÓN.- El exdiputado, José María Ibáñez, tuvo que devolver algo más de 30 millones de guaraníes, mientras que Sergio Coscia devolvió 260 millones de guaraníes. En cuanto al monto es mucho peor el daño ocasionado por Coscia, porque la imputación decía que él había usado facturas adulteradas para obtener la devolución de créditos fiscales, por unos G. 2.700 millones. ¡Una barbaridad!
Y no solo es peor por el monto, sino por el rol que ahora está ocupando. Parece tragicómico. Una persona que defraudó al Estado ahora tendrá a su cargo defender sus intereses. En “cristiano”, literalmente el “zorro estará cuidando del gallinero”.
El legajo del citado procurador no está adornado precisamente con flores. Hay que recordar también que, el abogado Coscia es conocido dentro del ámbito forense por recurrir a chicanas para conseguir magistrados a la medida de sus pretensiones. Apeló, por ejemplo, a estos “recursos” procesales para que sus clientes no afronten la Justicia, como en el sonado caso de estafa al Estado por G. 50 mil millones en la compra de helicópteros para la Policía, donde está involucrado el exministro Rafael Filizzola.
Por todo esto, es incomprensible que esté al frente de la Procuraduría General de la República, y que estén bajo su responsabilidad directa la defensa de los intereses del Estado paraguayo. Coscia, alguien que defraudó al Estado, deberá defender los bienes patrimoniales. Vaya paradoja. Esto no encuentra parangón en ninguna parte.
PAGÓ Y SE SALVÓ
Según los datos, en 2015, la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo, imputó y acusó (ella misma lo afirmó a ADN) a Sergio Andrés Coscia Nogués y a Cristhian Steevens Caffarena Porro, por la comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
De acuerdo a la carpeta fiscal, la representante del Ministerio Público requirió al juez Penal de Garantía la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva, tales como prohibición de salir del país, presentarse mensualmente ante el Juzgado, fianza real para cada uno de los imputados por la suma de G. 200.000.000, obligación de residir en un domicilio determinado y la prohibición de cambiarlo sin aviso previo al Juzgado.
Refieren los antecedentes que, el 14 de julio de 2014 Marta González Ayala, viceministra de Tributación, presentó una denuncia con relación a una serie de irregularidades detectadas durante el análisis de solicitudes de devolución de créditos fiscales presentadas por los contribuyentes Proibérica S.A., involucrado en el tema de los negociados en los helicópteros de la Policía Nacional de unos G. 50.000 millones, durante la época que Rafael Filizzola se desempeñaba como ministro del Interior, correspondiente al gobierno de Fernando Lugo, actual senador de la Nación por el Frente Guasu.
