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QUITO. La preocupación de la comunidad internacional por la estabilidad social y política en Ecuador se ha incrementado a lo largo de una semana marcada por masivas protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno que dejan ya al menos cinco muertos, decenas de heridos y 824 detenidos.

Con reacciones que van del apoyo a la institucionalidad del país a críticas a la actuación de la Administración de Moreno y llamados a la paz, diversos gobiernos de América y de Europa están pendientes de las marchas que comenzaron el jueves 3 de octubre del 2019 por el aumento del precio de la gasolina y la aplicación de otras medidas después de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves 10 de octubre al Ejecutivo ecuatoriano detener la “fuerte represión” de las manifestaciones que ocurren desde hace una semana, garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional.

En un comunicado, la ONG denunció que en ese país hay casos de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidos contra detenidos en las manifestaciones, que estallaron tras la eliminación del subsidio a los combustibles y otras políticas de austeridad. Tras el inicio de las manifestaciones, el presidente Moreno declaró un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir, usando, según AI, gases lacrimógenos de forma indiscriminada contra la multitud y escopetas de perdigones, lo que ha contribuido a la muerte de cinco personas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Una posición que va en la misma dirección a la expresada el día anterior por México, cuyo gobierno hizo un llamado a que se respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos en medio de los “graves sucesos” en Ecuador, condenó “tajantemente toda forma de violencia” y reiteró “su compromiso con el derecho a la libre manifestación.

Incluso la ONU ha pedido que las autoridades garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser “proporcionado”. (Con información de El Comercio)