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Militares de Ecuador requisaron ayer la cárcel de Guayaquil donde una pelea de presos dejó esta semana 118 muertos, varios de ellos decapitados y mutilados, en la peor tragedia de la violenta historia penitenciaria del país.
Los forenses seguían las tareas de identificación de cuerpos, que se presume llevará semanas, y figuras de la oposición apuntaban al Gobierno por la matanza.
Dos días después de los enfrentamientos, y amparados por un decreto del presidente Guillermo Lasso que puso ayer al sistema carcelario del país bajo estado de excepción, soldados buscaron hoy armas y explosivos en la Cárcel Número 1 de la ciudad occidental y portuaria, conocida como Penitenciaría del Litoral, informaron autoridades.
De manera paralela, una veintena de médicos legistas y técnicos disectores llegados desde otras partes del país a Guayaquil, el corazón económico del país, continuaban con las tareas de identificación de los cadáveres para poder entregarlos a sus familiares, decenas de los cuales aguardaban angustiados a las afueras de la morgue judicial de la ciudad.
El director nacional técnico de Investigaciones de la Policía Nacional, Henry Coral, dio por hecho que la tarea de identificación “podría llevar semanas”.
Autoridades dijeron ayer que la masacre del martes fue resultado de una pelea entre presos vinculados a bandas internacionales de narcotraficantes por el «control» de la prisión, un incidente que volvió a poner de manifiesto la severa crisis de superpoblación y violencia que aqueja al sistema carcelario ecuatoriano desde hace tres años.
Otros 80 reclusos sufrieron heridas, agregaron las autoridades.
Solo en lo que va de año han muerto en este tipo de incidentes más 230 presos y el epicentro indiscutible fue el complejo penitenciario de Guayaquil, aunque la violencia no se limita a esa prisión, sino que la ciudad misma es uno de los focos de la actividad delictiva del país por su carácter portuario.
Desde agosto, han sido asesinadas en las calles más de 430 personas.
Políticos opositores y organismos de derechos humanos locales achacaron la crisis penitenciaria al desmantelamiento de numerosas instituciones, incluyendo ministerios, relacionados con el sistema carcelario, decidida por el anterior Gobierno del presidente Lenín Moreno y apoyadas en su momento por el ahora presidente Guillermo Lasso.
Además, Lasso, asumido en mayo pasado, había prometido en campaña que reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro».
«Esto es fruto del desmantelamiento del Estado en Gobierno de Moreno con aplauso de Lasso y prensa. Eliminaron Ministerio Coord. de Seguridad, Interior, Justicia, Escuela de Guías, etc», escribió hoy en Twitter el expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y es uno de los principales críticos de Moreno y Lasso.
El gobernador de la provincia de Guayas -cuya capital es Guayaquil-, Pablo Arosemena, dijo por redes sociales que la requisa en la Penitenciaría del Litoral era una operación conjunta con la Policía.
Se trata, dijo, de una «operación de requisa en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral» y se lleva a cabo «en el marco del estado de excepción decretado para continuar retomando el orden».
Según imágenes difundidas por la Gobernación de la provincia de Guayas, cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos de unidades de elite, participaron del operativo.
La posibilidad de que el Ejército entrara en la prisión quedó abierta ayer por el decreto emitido por Lasso que puso en estado de excepción todo el sistema penitenciario (SNAI), por 60 días.
«Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales», remarcó Lasso en una conferencia de prensa en Guayaquil en la que aseguró que el Estado no cejará en su afán de «recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador».
Según algunos expertos, la crisis carcelaria empezó en 2018, con Moreno en la Presidencia, cuando una serie de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos del crimen organizado y el narcotráfico en la frontera con Colombia marcaron una escalada en la delincuencia en el país y dejaron al descubierto la influencia de carteles extranjeros, entre ellos mexicanos.
Ecuador es un país de paso para la droga que sale desde los vecinos Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.
Como ya ha hecho en otras ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer los hechos de violencia en la Penitenciaría del Litoral y pidió a Ecuador «investigar de oficio y con debida diligencia los hechos».Sobre los cuerpos, medios locales señalaron que no llegaba a la decena las identificaciones y entregas a familiares.
«Hicimos el levantamiento técnico de los cuerpos sin ningún dato informativo; además, la autopsia tiene un promedio de dos horas por cuerpo y son más de 100. Podríamos tardar semanas», dijo el director Investigaciones Coral, al diario local Expreso.
El funcionario pidió a las familias aportes con información sobre las características físicas de los presos, como tez, estatura, tatuajes y otras, dado que muchos cuerpos son irreconocibles.
Algunos de los cuerpos están quemados, mutilados, decapitados, desmembrados, por lo que se tendrá que aplicar métodos de antropología forense, como el cotejo fotográfico con el cráneo, o la identificación por ADN.
