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ASUNCIÓN. “Si no se acaba la impunidad esto (crisis económico-financiera asociada a la cuarentena sanitaria) va a seguir. No es un problema de dinero, es un problema de corrupción. Es una vergüenza”, lamentó Juan Carlos Arce, titular de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (Cappem).

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa Cara o Cruz, emitido por Unicanal, ocasión en que el empresario no ocultó que el sector al cual representa se encuentra “totalmente indignado” por la forma en que el Poder Ejecutivo administra las adjudicaciones de insumos y equipos biosanitarios para lidiar con la pandemia del nuevo coronavirus.

“Ahora se está dando el mismo escenario que hace cuatro meses. Las empresas paraguayas se prepararon para cooperar con el Ministerio de Salud Pública, pero no hay licitaciones, no compran nada. No sé si es un castigo por las denuncias hechas”, añadió.

Añadió que esta situación ayuda muy poco a la probabilidad de una verdadera reactivación económica, más allá de obtener préstamos para que el Estado pueda seguir pagando sueldos de funcionarios o conceder subsidios masivos para ciertos sectores de la población.

“¡Qué reactivación va a haber así! El ministro (Julio) Mazzoleni dice que todo está en proceso. Pero, ¿dónde lo que están los procesos? ¿Por qué no compran? Es alarmante esta situación”, insistió Arce.

El empresario también abordó el multimillonario monto pagado por Salud Pública a proveedores hoy suspendidos y afirmó que ese dinero no será recuperado.

“Para Mazzoleni, todos sus administradores son excelentes. Y resulta que vamos a perder 2.500 millones de dólares, de un día para otro. Eso desapareció. Olvídense. No se va a recuperar ese dinero. Y ahora, en lugar de digitar empresas a nivel local, se digita a empresas de afuera”, agregó.

Indicó que no se sabe si a la Organización Panamericana de la Salud, que proveyó 25 toneladas de insumos, se le pagó un precio más elevado que lo que habría podido obtener a nivel local, con empresas locales, no digitadas por inescrupulosos en funciones claves para liberar la plata del Estado.

“¿Qué pasa si le pagamos a la OPS un precio más elevado de lo que se tiene en el mercado? Cómo es que una entidad que no forma parte del Estado, está fuera de la Ley de Contrataciones Públicas y se pierde la soberanía, no se puede controlar”, apuntó.

“Cómo no es abierta y pública la compra, no sabemos qué se compró a través de OPS. Alguien debería controlar. Es un despropósito, habiendo empresas locales con tanta experiencia. Estamos indignados”, finalizó.