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Las medidas de ajuste presupuestario implementadas por la administración del gobierno Cartes desde 2013 hasta la fecha, permitieron el ahorro fiscal de US$ 119 millones que fueron reprogramados para programas sociales. El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 contiene otras reservas de racionalización que se traducirá en recortes por un valor de US$ 42 millones.
ASUNCIÓN.- Unos US$ 42 millones, en varios conceptos contenidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2018, quedaron sin recursos presupuestarios por ser considerados superfluos. Esta cifra se sumará a finales del 2018 a los 119 millones de dólares que se ahorró en cuatro años de gobierno de Horacio Cartes.
“Este ahorro contribuyó al proceso de mejora continua que se viene implementando para mejorar la eficiencia del gasto público y así seguir fortaleciendo la cobertura de los programas sociales”, destaca un análisis del Ministerio de Hacienda.
El proceso de racionalización determinado por el jefe de Estado comenzó a arrojar sus primeros resultados en 2014 y desde entonces el modelo se afianzó hasta este año, sobre la base de “medidas de transparencia y racionalización del gasto público, que con la incorporación de tecnologías han permitido un ahorro fiscal importante. En la compra de “combustibles y lubricantes” se ha logrado un ahorro equivalente a US$ 28 millones entre el 2015 y 2016, mientras que en la compra de ‘pasajes y viáticos’ para los funcionarios se ha ahorrado alrededor de US$ 23 millones entre el 2013-2016”, detalla Hacienda.
Cartes aplicó –decreto mediante- varias medidas limitantes en la adquisición de pasajes aéreos. En 2014 firmó el Decreto n° 1.100/14 – Ley nº 5.142/14 “que estable topes en la compra de pasajes aéreos, para la adquisición y uso de vehículos, entre otras restricciones”, argumenta Hacienda.
Ya en 2015, a través del Decreto nº 2.929/15 – Ley nº 5.386/15 y Decreto 3.945/15, “se establece la medida de utilización de tarjetas de combustible y se limita las asignaciones de remuneraciones adicionales, entre otras medidas”, Estas pautas administrativas y legales se mantuvieron en el 2016.
A estas medidas legales durante 2016, la racionalización del gasto recibió un nuevo empuje con la implementación del Decreto nº 4.774/16 – Ley nº 5.544/16, que prohíbe la adquisición de obsequios para el personal, la impresión de tarjetas personales y la compra de vehículos.
En el año 2017 con el Decreto nº 6.715/17 – Ley nº 5.544/16 limitó la contratación de servicios de catering, y por otro lado se estableció un tope para la contratación del Servicio Médico y Odontológico de hasta G. 1,5 millones por funcionario.
El cruce de estas medidas administrativas y legales arrojará mejores resultados para el ejercicio fiscal 2018 cuyo proyecto está en estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto y según los cálculos de Hacienda la racionalización permitirá un ahorro fiscal de US$ 42 millones.
