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Cubas, Britez y “Kelembu”, a la cárcel

CIUDAD DEL ESTE.- El juez Penal de Garantías N° 2, Amilcar Marecos, decretó la rebeldía de los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Britez, además del concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda, alias “Kelembu”, en el marco de una causa abierta en contra de los mismos por haber protagonizado hechos vandálicos en la sede de la Fiscalía.

Cubas y Britez fueron derivados anoche a la cárcel regional de esta localidad.

Por otro lado, el Ministerio Público, representado por los fiscales Analía Rodríguez, Elvio Aguilera y Manuel Rojas, apeló la resolución de la jueza de garantías Alba Meza, quien rechazó la imputación por transgresión a la ley de garantías de fueros presentada contra los citados.

La magistrada admitió el proceso penal solamente por los supuestos hechos punibles de coacción y daño a cosas de interés común. Los fiscales argumentaron que la jueza obró en desconocimiento de la ley, al considerar que la norma sobre garantías de fueros estaba derogada. En tal sentido, señalaron que la misma debió plantear primeramente ante la Corte Suprema de Justicia la aplicabilidad de la ley ante de rechazarla erróneamente.

Según los antecedentes, Cubas, Brítez y Miranda irrumpieron en la mañana del 15 de setiembre en la sede de la Fiscalía de Ciudad del Este, dañaron muebles, pintaron paredes y amedrentaron a funcionarios de la institución, al estar supuestamente en desacuerdo con investigaciones que llevan adelante algunos agentes fiscales de la región.

A raíz de dicho atropello, la fiscal Analía Rodríguez –quien en ese momento estaba de turno- intervino por la flagrancia de los hechos y ordenó la detención preventiva de los implicados, quienes posteriormente fueron imputados y beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Entre las medidas solicitadas, figuran la prohibición de salida del país, prohibición de acercarse al Ministerio Público, específicamente a las unidades 2 y 10, cuyos titulares son los fiscales Cinthia Leiva y Alfredo Ramos Manzur, quienes fueron atacados por los encausados por las decisiones tomadas en el marco de procesos penales que llevan adelante.

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