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El debate sobre la legalización del aborto en Argentina está en la recta final: el próximo 8 de agosto el Senado votará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por Diputados. Una mayoría de votos positivos convertiría al país en el primero de los grandes países latinoamericanos con una ley de aborto legal a plazos, similar a la que ya tiene Uruguay. Por el momento los votos de los senadores están igualados.
BUENOS AIRES.- Los números están muy emparejados. Los votos de los 72 senadores están divididos, con una ligera ventaja a favor del No, lo que deja el resultado final en manos de los cinco parlamentarios indecisos. Para que la balanza se incline a su favor, algunos partidarios del aborto legal proponen introducir cambios -como incluir la objeción de conciencia institucional y bajar de 14 a 12 semanas el plazo para el aborto libre- que devolverían la iniciativa a Diputados para su aprobación definitiva. Otros, en cambio, se resisten a cualquier modificación.
Mientras se tejen alianzas intraparlamentarias, ambos bandos buscan conquistar la calle. Los detractores del proyecto fueron muy inferiores en número a quienes lo defendían en las cercanías del Congreso el día de la votación en Diputados, y han intensificado los llamados a la movilización para evitar que esa imagen vuelva a repetirse.
Unidad Provida, una coalición de organizaciones contrarias al aborto, realizó el lunes una manifestación frente a la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires.
El ministro de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, se convirtió en uno de los grandes blancos de las críticas de los grupos antiabortistas por su defensa del proyecto de ley que propone legalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Intentaron, sin éxito, impugnar su presentación en el Senado, donde mostró estadísticas que daban cuenta de una reducción de la cifra de abortos en los países en los que es legal. Rubinstein también subrayó que legalizar esta práctica supondría un importante ahorro para las arcas estatales, que hoy hacen frente a cerca de 50.000 internaciones anuales por complicaciones derivadas de abortos inseguros.
Desde Unidad Provida critican las intervenciones del ministro y rechazan que el presidente Mauricio Macri, habilitase el debate sin haberlo incluido de antemano en su programa electoral. Muchos de sus votantes tampoco lo ven con buenos ojos, como quedó reflejado ayer con el hashtag #MacriConAbortoNoTeVoto, que se convirtió en tendencia en Twitter. La ley actual contempla penas de entre 1 y 4 años de cárcel para la mujer que decide interrumpir su embarazo, excepto si es fruto de una violación o si pone en riesgo su vida. Aun así, en Argentina se registran entre 350.000 y 450.000 abortos al año, según estimaciones extraoficiales avaladas por el Ministerio de Salud, y cerca de medio centenar de gestantes mueren.
La Iglesia llamó a sus fieles a expresar en las calles su rechazo al proyecto de ley. “Como lo hemos dicho en otras oportunidades, apoyamos y animamos a participar a quienes deseen manifestarse públicamente como ciudadanos responsables para testimoniar el respeto por la vida”, dijo la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado el pasado día 25.
