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En el programa Fuego Cruzado, por canal GEN – Nación Media, los senadores Derlis Maidana (ANR) y Líder Amarilla (PLRA), debatieron sobre los puntos positivos y negativos del proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Maidana, defensor del proyecto, dijo que el mismo “forma parte de una nueva dinámica del funcionamiento del Estado paraguayo que se inició con el actual gobierno, con la fusión de varios entes y ministerios”.
“Esta iniciativa no busca reformar el sistema jubilatorio paraguayo. Esa es otra discusión que va por cuerdas separadas; no hay ningún proyecto al respecto. Lo que este proyecto busca es regular el funcionamiento de las cajas previsionales”, expresó el senador colorado.
Explicó que “la legislación -contrario a lo que algunos temen- no propone aumentar los años de servicio ni tampoco quitarle recursos a los jubilados, como sostienen varios de sus detractores. Se apunta a velar por el cumplimiento de las cartas orgánicas de cada una de las cajas jubilatorias existentes”.
“Hoy día, el Banco Central del Paraguay (BCP), del cual dependerá esta nueva Superintendencia de Jubilaciones en caso de aprobarse el proyecto, es una de las instituciones más creíbles del Estado paraguayo, en el rol de ente matriz”, añadió.
Una postura contraria fue la del liberal Amarilla, quien de entrada acusó al proyecto de ser inconstitucional, por violar varios artículos de la Constitución Nacional, como el 95 y el 286, aunque reconoció que hace falta un órgano de control de todas las cajas jubilatorias.
“Lo más razonable sería crear una mesa de trabajo donde participen los trabajadores, empleadores y representantes del gobierno y ver un mecanismo apropiado para que se puedan hacer funcionar las cajas, hacer una reforma integral. Esta ley como está, tiene carácter confiscatorio y expropiatorio”, aseguró Amarilla.
Cuestionó, por ejemplo, la potestad que tendría el superintendente de Jubilaciones para rematar todas las propiedades del IPS, cuyo valor supera los 900 millones de dólares aproximadamente. “Es irracional la aprobación de esta ley”.
A esto, Maidana manifestó que, según lo que establece el proyecto, no se podrá disponer de ningún tipo de recurso que administra la Superintendencia de Jubilaciones y no tendrá la posibilidad de vender, transferir o hacer algún tipo de transacción con propiedades.
