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En el Brasil, la operación “Lava Jato” acaba de cumplir cuatro años, arrojando como resultado un total de 123 políticos y empresarios de muy alto rango condenados a largos años de prisión. En la Argentina, 23 funcionarios de la época kirchnerista están en la cárcel, entre ellos algunos exministros y presuntos socios comerciales de la expresidente Cristina Fernández. Y en el Paraguay, en el proceso al extitular de la cartera del interior, Rafael Filizzola, que también lleva 4 años, ni siquiera puede realizarse el juicio oral por las sistemáticas chicanas del acusado y la permisividad de la Justicia. Los parlamentarios, por su parte, acaban de sancionar una Ley de “autoblindaje” para no ser enjuciados mientras estén en el ejercicio del cargo y el principal partido de oposición, el PLRA, ya anunció que rechazará el planteamiento de destituir al contralor general de la República, Enrique García, sobre quien pesa graves cargos.
Son procesos distintos, claro está, y el hecho de que los brasileños estén a la vanguardia de castigar actos de corrupción no significa que su país sea menos corrupto que el nuestro, ni que sus políticos se sometan mansamente a los dictados de la justicia. También intentaron “autoblindarse”, mediante un proyecto de ley que pretendía poner punto final a las investigaciones del sonado escándalo, pero fracasaron, al recibir una respuesta contundente de la ciudadanía, que por poco los corre a zapatillazos. Los argentinos tampoco son “nenes de pecho”, la atención se centra exclusivamente en los referentes del anterior gobierno y los del actual, denunciados por cargos similares, dan cátedras de moralidad. Sin emabrgo, el hecho de que algunos se vean obligados a responder por sus actos, ya es un comienzo. Pero nosotros, los paraguayos, estamos espantosamente atrasados con respecto a lo que sucede en los países vecinos.
Aquí los corruptos “gozan de muy buena salud” y nos enrostran sin ningún problema el resultado de sus fechorías. Los denunciantes, muchas veces, son tan o más bandidos que los denunciados, al extremo de que se presentan como redentores de la honestidad y la transparencia personajes de la calaña de Aldo Zuccolillo o Antonio J. Vierci, quienes, si tuvieran que justificar el origen de sus bienes, necesitarían dos o tres vidas más para purgar las penas que les corresponde.
El tremendo “lata patrará” que se armó en torno a la rosca mafiosa detectada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en donde el tráfico de influencias fue (¿fue?) moneda corriente, solo tuvo objetivos estrictamente electorales y, a solo tres meses de que el escándalo se hizo público, la mayoría de los medios de prensa no se refieren más al tema, ni el Ministerio Público avanzó un milímetro en las investigaciones de los graves hechos entonces divulgados.
Así, en lo que respecta a acontecimientos recientes, tenemos que los encargados de castigar a jueces y fiscales corruptos, que los hay, y en grandes cantidades, son los que están al frente de la gavilla, “arreglando” fallos judiciales. Y por si eso fuera poco, el que tiene la función constitucional de “controlar” a los funcionarios públicos para que no metan” la mano en la lata”, la metió él mismo, hasta el hombro.
Por su puesto, en la cima de la piramide de la corrupción están nuestros “honorables representantes”, que hace apenas unos días sancionaron una ley que causa repugnancia -la del “autoblindaje”- y ya están prestos a blanquear a Enrique García, a quien seguramente deben algunos “favores”.
Desgraciadamente, todos ellos forman parte de la infinidad de listas que están en oferta para las elecciones de abril próximo, no solo de los partidos “tradicionales”, sino también de los que adoptan poses de “izquierda” o “independientes”. Tal vez por eso se sienten tan tranquilos, por aquello de que entre bueyes no hay cornadas. Pero se equivocan. Ni los funcionarios “K” se imaginaban que podrían ir a parar a la cárcel, ni mucho menos los grandes empresarios e influyentes políticos del Brasil, de los anteriores y del actual gobierno.
Esos vientos siguen soplando con fuerza en la región y alcanzarán al Paraguay tarde o temprano, como antes ocurrió con el advenimiento de la democracia, la apertura económica y otros fenómenos internacionales. Es solo cuestión de tiempo.