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La Corte Penal Internacional (CPI) tiene desde el viernes en sus manos una lista de 57 altos cargos del régimen presidido por Nicolás Maduro, a los que el Instituto Casla acusa de “torturas sistemáticas” en Venezuela. Según esta organización de estudios sobre América Latina con sede en Praga, estas prácticas violentas se han disparado desde el inicio de las protestas callejeras el pasado 1 de abril, registrándose en este tiempo unos 300 casos.
CARACAS.- Las torturas más habituales van desde la intoxicación con el polvo de las bombas lacrimógenas a golpes con objetos contundentes, violaciones o la vejación de tener que comer excrementos y gusanos o vestirse con ropa empapada en heces.
Existe, según asegura al diario español ABC, la directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada especializada en derechos humanos Tamara Sujú, una auténtica “política de Estado” con la que los actuales dirigentes buscan “mantenerse en el poder, usando los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en Venezuela”.
Según Sujú, asilada en la República Checa tras abandonar Venezuela por persecución en 2014, la “sistematización” de las torturas se ha acentuado en los tres últimos meses y los denunciantes describen cómo los funcionarios que las ejecutan buscan infligir “el mayor daño corporal” y “dejar secuelas”.
La letrada solicitó al CPI que incorpore el nuevo listado de responsables de torturas a la denuncia por este tipo de prácticas que presentó hace un año y a la que el 26 de septiembre añadió, una primera relación de responsables. Se trata de “la cadena de mando” de los funcionarios implicados en las torturas.
Según el escrito del Instituto Casla, los 57 integrantes de esta lista actualizada “han sido parte de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política, cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales”.
Únicamente por detrás de Nicolás Maduro, que encabeza la denuncia inicial presentada ante la CPI en La Haya, el Instituto Casla sitúa al frente de la cadena de mando al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
Así mismo, incluye en la lista al resto de miembros del llamado “Comando Antigolpe” que el jefe del Estado bolivariano nombró el pasado enero. En este sentido, figuran el ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional, general en jefe Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol; la excanciller Delcy Rodríguez; el expresidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la almiranta Carmen Meléndez, exministra de la Defensa que fue nombrada vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política), general en jefe Gustavo González López, y el comandante general de la Milicia Nacional, mayor general César Vega González.
