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Unas 100 familias campesinas que ocupan unas 500 hectáreas, de las 1.742 que se encuentran en Mayor Otaño, están en pie de guerra ante la amenaza de un posible desalojo previsto para mañana martes. El procedimiento podría desembocar en otra masacre similar a la de Curuguaty.
MAYOR OTAÑO, Dpto. de Itapuá (Por: Néstor Ojeda Mendoza, enviado especial).-La jueza del sexto turno de Encarnación, Yenni Chaparro, libró el pasado 28 de marzo el mandamiento de desahucio, que según los representantes convencionales de los sintierras está plagado de irregularidades, porque la magistrada se adelantó a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de marzo del presente año.
El citado informe revela que se interpuso un recurso de aclaratoria y un incidente de nulidad contra la resolución de la Corte, que a la fecha, ambas presentaciones se hallan en estado de resolución, no quedando firme aun, por lo tanto la magistrada no debió librar la cuestionada orden de desalojo prevista para este martes.
Además, la orden se libró en contra del intendente de San Carlos del Apa, Luis Aníbal Shupp y María Magdaelena Díaz de Dirk, también en contra de los ocupantes precarios, lo que consideran los abogados de los sintierras, fuera de lugar, ya que no se reunieron los requisitos para que la orden de desalojo salga en sentido genérico, puesto que la demanda se promovió en contra de Shupp y Díaz de Dirk, no así en contra de los demás ocupantes precarios, esto en relación a las más de las 100 familias que se encuentran en la tierra ocupadas en una 500 hectáreas. Indican que el procedimiento exige requisitos para ser librada en sentido genérico, lo cual no se cumplió bajo las mismas reglas, por lo tanto es nulo.
El verdadero poseedor de la Finca de Mayor Otaño es la Empresa Agro Nikas S.A., desde el año 2.014, y sostiene el representante de la misma el abogado Derlis Rodríguez, que sus representados, nunca fueron notificados ni incluidos en la demanda, y que la firma Agro Nikas S.A., está en total estado de indefensión, ya que las publicaciones que viene realizando un matutino local causa una suerte de temor a los magistrados que intervienen en la demanda, y los mismos se encuentran a merced de lo que publica el periodista de ese diario.
Los representantes de las 100 familias que están en el lugar se oponen a salir ya que sostienen que nunca fueron notificados ni siquiera fueron incluidos en los procesos judiciales, ya que se consideran ocupantes legítimos, y ahora el futuro de sus hijos está sujeto al capricho de una magistrada que se mueve por intereses de inescrupulosos que opera con un equipo de mafiosos que quieren quedarse con la propiedad, valuada en unos US$ 20 millones.
Los ocupantes aseguran que en caso de concretarse la orden de desalojo, mostrarán resistencia e incluso estarían listos para morir en el lugar así como ocurrió en Curuguaty, incluso solicitan al comandante de la Policía, Crio Gral. Críspulo Sotelo, que no cumpla la orden desalojo, debido a un probable derramamiento de sangre.
