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La fiscal Norma Salinas, del Ministerio Público, confirmó la existencia de documentos falsificados en el caso de presunto despojo de indemnización. En declaraciones a la emisora 1020 AM, Salinas reveló que el escribano implicado negó haber realizado dos de las escrituras presentadas como pruebas.
“El escribano ya me hizo llegar la información que él nunca hizo las dos escrituras”, afirmó la fiscal, detallando que las investigaciones arrojaron pruebas sobre la producción de documentos no auténticos.
Ante estos hallazgos, la situación legal se agrava. Salinas advirtió que el caso podría tener implicaciones más graves al involucrar instrumentos de uso público. “La pena podrá ser aumentada a 10 años”, puntualizó.
Este escándalo generó tal repercusión que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), encargada de los pagos de indemnización en este caso, decidió modificar su protocolo para las futuras indemnizaciones. Según Salinas, esta medida busca evitar nuevos episodios de irregularidades en el manejo de documentos públicos.
LOS IMPUTADOS
Días atrás, la Fiscalía imputó a cuatro personas, entre ellas la funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa, por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza.
También fueron procesados el abogado Darío Aquiles Flores, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta Armoa; y Juan Ramón Acosta, el padre de la funcionaria del Congreso.
El padre y la pareja de Acosta Armoa figuran como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de uno de los fallecidos, para el cobro del cheque ante la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación, Caaguazú.
El primer cheque de G. 400 millones fue efectivizado el pasado 11 de setiembre y el segundo, por el mismo valor, el 26 de setiembre. Del total de ese dinero, las familias recibieron de forma conjunta G. 75 millones.
