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La ministra de Defensa Pública, la abogada Noyme Yore Ismael, imputada por usurpación de funciones públicas, también estaría lucrando con las obras ejecutadas por la institución a su cargo. La Contraloría General de la República detectó que en la construcción de la sede de Pedro Juan Caballero habría una sobrefacturación de G. 223 millones, considerando los certificados emitidos, aprobados y pagados.
ASUNCIÓN.- La Contraloría constató indicios de hechos punibles en la inspección técnica en la construcción de sede en el interior del país para el Ministerio de la Defensa Pública, Lote 2, Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay). Fue el resultado de la Licitación Pública Nacional (LPN) N°05/13, ejecutada por la institución en el ejercicio fiscal 2014-, primer cuatrimestre de 2015.
Según el informe de la Contraloría, el 3 de setiembre de 2013, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), cuya titular es Noyme Yore Ismael, contrató a la firma Ingeniería & Proyectos Ambientales Sienra Zavala, de Ángel Ramón Sienra Zavala, para de la referida obra por la suma de G. 5.304.000.000.
El órgano contralor verificó los ítems de la obra construida, es decir, realizó las mediciones correspondientes y contrastó que las cantidades certificadas como construidas por el contratista y verificadas y aceptadas por el fiscal de obras de la Contratante (Certificados del N° 1 al 14), totalizan solo la suma de G. 2.457 millones. Sin embargo, los certificados mencionados han sido totalmente abonados a la firam contratista.
Conforme con tarea de verificación in situ (inspección ocular y física de ítems de las obras, y análisis de documentos proveídos por el Ministerio de la Defensa Pública) efectuada del 14 al 18/dic/15, la Contraloría concluye que varios de ellos fueron certificados por cantidades superiores a las realmente ejecutadas por la empresa contratista hasta ese periodo.
Dicha situación derivó en un presunto perjuicio patrimonial de G. 223 millones, considerando los certificados emitidos, aprobados y pagados a la fecha de la verificación. Esto demuestra que la administración de Yore Ismael pagó por obras sobrefacturadas.
LAS IRREGUALIDADES PASO A PASO
* El 3 de setiembre de 2013 se suscribió el contrato Nº 55/13, entre el Ministerio de Defensa Pública (MDP), representado por la Abog. Noyme Yore Ismael y el Ing. Ramón Sienra Zavala, propietario de la empresa Ingeniería & Proyectos Ambientales Sienra Zavala. Fue para la ejecución de los trabajos consistente en la construcción de la sede de la institución en Pedro Juan Caballero por la suma de G. 5.304.000.000, como resultado de la licitación pública nacional Nº 05/13.
* El 29 de mayo de 2014 el Ministerio de la Defensa Pública emitió la solicitud de transferencia de recursos Nº 51637, en virtud al contrato 55/13, a nombre del Ing. Ángel Sierna Zavala, representante de la empresa Ingeniería & Proyectos Ambientales Sierna Zavala, correspondiente a anticipo para la ejecución de la mencionada obra. La suma peticionada fue de 1.326 millones de guaraníes. Suscribieron la solicitud de transferencias de recursos Eulalio Armoa, director financiero del Ministerio de Defensa Pública y Ángel Manuel Alvarenga, tesorero de la misma institución.
* El 18 de diciembre de 2015, se concluyó la verificación “in situ” de la construcción de la sede de Pedro Juan Caballero, realizado por el equipo de auditoría de la Dirección General de Control de Obras Pública, siendo acompañado el equipo auditor por el Ing. Juan Manuel López, fiscal de obras del Ministerio de Defensa Pública (MDP). La obra se encontraba en etapa de ejecución, cuyos avances, según lo desembolsado era del 47% del monto contractual, con atraso en su cronograma físico financiero vigente.
* Luego del recorrido los auditores de la Contraloría realizaron los cómputos métricos correspondientes a las mediciones y efectuaron las comparaciones con las planillas de ofertas y certificaciones, encontraron diferencias, entre lo ejecutado y certificado a esa fecha por la suma de G. 223.230.363.
* Igualmente, a la fecha de verificación “in situ” (18/12/15) en el contrato Nº 55/2013, se han presentado 14 certificados de obras, desde agosto de 2014 hasta octubre de 2015, cuyos datos de pagos, garantías, devolución de anticipo, retenciones (IVA, renta Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), facturas, recibos de dinero, fueron recopilados por los auditores de la Contraloría. De esta forma, se pudo visualizar el movimiento económico de dicha obra así como el avance físico-financiero real de su ejecución. Tal es así que el avance financiero hasta el certificado Nº14 solo era del 46,34%, y el monto certificado a esa fecha alcanzó la suma de G. 2.457.963.091.
IMPUTADA POR USURPER FUNCIONES PÚBLICAS
La titular del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore Ismael, se atribuyó facultades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y perpetró el delito de usurpación de funciones públicas, afirmaron los fiscales anticorrupción y de delitos económicos José Dos Santos y Josefina Aghemo. La alta funcionaria consumó la ilicitud al nombrar como defensores públicos a abogados particulares que no estaban habilitados ni cumplieron los requisitos legales que se requieren para el cargo.
Los fiscales revelaron que el 30 de agosto del año 2013, Noyme Yore designó defensor público interino de Vallemí al abogado particular Sindulfo Aquino Alegre, en reemplazo de Nilsa Ávalos, quien en esa fecha estaba comisionada en Asunción.
El 7 de mayo de 2014, la defensora general nombró defensor público al abogado particular Cristhian David Figueroa, mientras que el 27 de mayo de 2014 designó defensor público al también profesional del foro particular Lorenzo Ramón Vera Gamarra.
Según la imputación surgen suficientes elementos de sospecha que hacen suponer que la actual defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, Abg. Noyme Yore Ismael, se habría arrogado atribuciones y competencias exclusivas y excluyentes del órgano encargado de la designación de defensores públicos, como lo es la Corte Suprema de Justicia.
Noyme Yore se habría excedido en el ejercicio de sus funciones, ya que solo le está permitido realizar nombramientos de funcionarios administrativos y auxiliares para que integren la institución, previo concurso público de oposición, de acuerdo con las disposiciones del artículo 58 de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, quedándole vedada la posibilidad de que realice un acto de nombramiento o designación para el cargo de defensor público, que solo puede ser realizado por la Corte Suprema de Justicia.
La defensora general ejerció ilegítimamente funciones correspondientes a un cargo distinto al que ocupa, atribuyéndose arbitrariamente competencias ajenas a sus funciones como defensora general, teniendo conocimiento de las normas jurídicas que regulan las limitaciones en el uso de sus atribuciones. Así como las establecidas para el régimen de selección y designación para ocupar los cargos de defensores públicos, a cargo de otros funcionarios que componen otros órganos con facultades exclusivas, quedando así afectado considerablemente el correcto y buen funcionamiento de la Administración Pública al haber realizado actos impropios de su competencia.
