ASUNCIÓN- En entrevista con “Así son las cosas” de Universo 970 AM-Nación Media y canal GEN, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas, expresó su preocupación por el incumplimiento del Ministerio de Economía en el pago de intereses generados por deudas de obras públicas del gobierno de Mario Abdo Benítez. Mas indicó que el monto adeudado asciende a USD 100 millones, respaldado por leyes y contratos.
El Ing. Mas explicó que las obras realizadas entre 2020 y 2022, financiadas con fondos locales, acumularon una deuda de US$ 350 millones en capital. Si bien este monto fue pagado en su mayoría por el actual gobierno, aún quedan pendientes los intereses por mora. “No estamos reclamando el capital, que ya fue abonado. Lo que exigimos son los intereses generados, reconocidos por ley y establecidos en los contratos”, subrayó.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó la tasa del 24% aplicada en algunos casos, a lo que Mas respondió aclarando que esta tasa no es arbitraria, sino que está basada en el promedio de las tasas de consumo fijadas por el Banco Central del Paraguay (BCP). “No es una cifra inventada. El BCP envía mensualmente las tasas de referencia, que fluctúan según el período. Algunos meses fueron del 14%, otros alcanzaron el 24% debido a la inflación”, detalló.
Mas también destacó que la falta de pago de estos intereses está afectando especialmente a las pequeñas y medianas constructoras, que enfrentan graves problemas financieros y están al borde de la quiebra. “Estas empresas asumieron costos adicionales para terminar las obras y siguen lidiando con deudas en el sector financiero”, advirtió.
A pesar de la situación, el presidente de Capaco aseguró que las constructoras están dispuestas a dialogar con el Ministerio de Economía para llegar a un acuerdo. No obstante, lamentó la falta de respuestas oficiales, agregando que “esperábamos una propuesta concreta, pero no recibimos ninguna. Mientras tanto, las empresas continúan siendo presionadas por sus acreedores”.
Desde el Gobierno, se ha señalado que el pago de intereses con recursos públicos debe ser evaluado cuidadosamente. Sin embargo, Mas insistió en que el reclamo es legítimo y está amparado por la normativa vigente.