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Diputados ingresa hoy, en sesión extraordinaria, el Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado por el Senado con aumentos que superan el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Hacienda asegura que el Senado violó la Ley referida y solicita prudencia a Diputados y ratifique su versión. De resultar así, el texto regresará al Senado que podría aceptar la ratificación o reiterar su sanción. El Ejecutivo mantiene la discreción en relación al veto, hasta el momento no se habla oficialmente, pero el presidente Horacio Cartes hace consultas. Se incorpora la posibilidad del veto parcial.
ASUNCIÓN.- Los Diputados tienen dos caminos a seguir en el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018: ratificar su sanción o aceptar las modificaciones del Senado. Ya no está habilitado a volver a modificarlos y es aún más restringido; solo deben abrir carpetas en los artículos modificados por el Senado.
“Esto se convierte en una competencia de textos, el de Diputados y el de Senado”, reiteró ayer el senador Hugo Richer, del Frente Guasu.
De aprobarse el de Diputados nuevamente va a Senadores, cámara revisora y esta instancia tiene el mismo itinerario, aprobar el texto de Cámara Baja o ratificarse en su versión. De ocurrir lo segundo, el PGN 2018 ingresa a territorio del Poder Ejecutivo que deberá definir la aprobación o el veto.
El Ministerio de Hacienda propone al Congreso que se apruebe la versión de Cámara Baja que está aún por debajo del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) “y la versión del Senado viola Ley y pide a Diputados ratificarse”.
Lea Giménez, titular de Hacienda, asegura que los aumentos salariales incluidos por el Senado al Presupuesto 2018 harán que el déficit fiscal sobrepase el tope legal del 1,5% del PIB; y llegaría al 1,63% de PIB. Unos US$ 40 millones no tienen financiamiento”.
Diputados ingresa esta mañana el PGN 2018 en sesión extraordinaria y se abocará al estudio en medio de una fuerte turbulencia electoral bien aprovechada por los opositores, la disidencia colorada y los gremios de trabajadores del entes del Estado, como la ANDE, Universidad Nacional de Asunción (UNA) y docentes entre otros que tienen poder de convicción; saben cómo presionar y hacer lobby.
Para cubrir ese déficit ocasionado por estos aumentos se deberá dejar sin financiamiento a sectores vulnerables. “Estos programas cubren a las personas que no tienen la misma capacidad de lobby, de representación en el Congreso, no pueden hacer el mismo nivel de ruido. Pido que considere a esa gente”, dijo Giménez.
PROPUESTA
Hacienda insiste en la aprobación del texto de Diputados que es considerada más sostenible que la aprobara en el Senado. “Ante ese desequilibrio se apela ahora a la Constitución paraguaya, que en su artículo 207, inciso 3, reconoce que un proyecto de Ley que ya ha sido aprobado por la Cámara de origen, pero que haya sufrido cambios parciales en la otra, volverá de nuevo a la primera donde solo se discutirá cada una de las modificaciones hechas por la revisora”.
Giménez espera asegurarse que “se ratifique en su versión con ciertas excepciones para aprobar un presupuesto consensuado y financiable” y agregó que “estimamos esta propuesta alternativa para la aprobación del PGN 2018 muy razonable para todas las partes afectadas”. Este planteamiento fue entregado a todos los 125 legisladores.
NO SE HABLA AUN DEL VETO, PERO CARTES HACE CONSULTAS
El Poder Ejecutivo y sus principales colaboradores no hablan oficialmente de la posibilidad de utilizar la figura del veto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, pero desde la aprobación de la versión de Diputados el presidente Horacio Cartes realiza consultas.
La objeción, total o parcial, es atribución constitucional del presidente de la República que ya fue utilizado en 2017 ante el inflado e inejecutable PGN 2017 elaborado por el Senado y que esta ocasión de nuevo se podría experimentar.
La ratificación de la versión Senado concretará la violación abierta de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Este hecho otorga la facultad de echar mano de nuevo al veto como ocurrió hace un año atrás.
Lea Giménez, ministra de Hacienda, sigue prudente silencio sobre este tema y propone llegar a consenso con ambas Cámaras. “En este momento, nuestro mensaje es no hablemos del veto, porque lo que necesitamos es un consenso. Nuestro compromiso es llevar adelante este proceso y tener un final feliz con un PGN consensuado. Luego, el veto ya es una decisión del presidente”.
Al inicio del tratamiento del PGN en Diputados ya se manifestó la eventualidad y fue la última, a la espera de que prime la sensatez en ambas Cámaras.
Hace un año los senadores decidieron incrementos salariales innecesarios y de manera arbitraria de hasta 50% para algunos sectores, lo que obligó al Poder Ejecutivo apelar al veto constitucional.
