Artículos relacionados

ASUNCIÓN. “Es innegable la transcendente labor que vienen realizando los bomberos voluntarios del Paraguay para combatir y mitigar los efectos producidos por los incendios y es de vital importancia que los mismos cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a dicho fenómeno, por lo que solicitamos el acompañamiento para la aprobación de este proyecto”, reza parte de la iniciativa presentada por un grupo de diputados para declarar estado de emergencia a consecuencia de los focos de incendio desatados últimamente.

El camino legal buscado es una ampliación presupuestaria en carácter de excepción al artículo 3, inc. a), de la Ley Nº 4.758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”.

Si sancionado por ambas Cámaras Legislativas y promulgado por el Poder Ejecutivo, se concretará una inyección de G. 5.000 millones para los bomberos voluntarios. El mecanismo para la transferencia y distribución se ajustará al artículo 11 de la Ley Nº 5.375/2014 “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.431/99, que regula la organización de los cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay”, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Si esto gana luz verde, estos recursos serán “aportes complementarios a los fondos previstos en la Ley de Presupuesto y que son transferidos a través del Ministerio de Hacienda”, institución con la cual los bomberos voluntarios ya entraron en pulseada, reclamando los apagafuegos que el Tesoro “candadeó” los fondos.

Es una suma de dinero que ronda los G 4.000 millones y el presidente Mario Abdo habrá “ordenado” mediante decreto la transferencia de estos fondos para los bomberos voluntarios.

Sin embargo, hay otro conflicto de fondo, el cual habría sido el motivo o la razón para el candado al dinero de los bomberos. Desde el 2016 hay un conflicto judicial por presunta corrupción en la ejecución de esos fondos.