miércoles , agosto 5 2020
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Diputados pretenden endurecer las penas para lavadores de dinero

Cynthia Tarragó, exparlamentaria.

ASUNCIÓN. Luego del escándalo de Cynthia Tarragó y su detención en los Estados Unidos por lavado de dinero, varios sectores políticos empezaron a hablar de la necesidad de endurecer las penas para quienes se dedican al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Un grupo de diputados de varias bancadas presentó la semana pasada un proyecto de ley que modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1.015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.

Según los proyectistas, el principal objetivo es adecuar la legislación nacional y propiciar la implementación de medidas con un enfoque basado en riesgos, conforme a los estándares internacionales del régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Es por eso que al establecer sanciones administrativas para las personas físicas que hayan cometido el delito, eleva la multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales, además de la multa de hasta el 10% del monto total de la operación. Propone, igualmente, la remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 a 10 años, para el ejercicio de cargos de dirección o administración para las personas físicas.

Para las personas jurídicas eleva la multa de 100 a 5.000 salarios mínimos, más la multa de hasta el 50% del total de la operación.

“El Paraguay debe hallarse en condiciones de identificar, evaluar y entender sus riesgos, tomando acciones para asegurar su mitigación eficaz, motivo por el cual y, atendiendo esas recomendaciones, presentamos este proyecto de ley”, dice parte de la exposición de motivos.

Los proyectistas son Rocío Vallejo y Sebastián Villarejo, de Patria Querida; Ramón Romero Roa, de la ANR; Jorge Ávalos Mariño, del PLRA; y Jorge Brítez, independiente.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), que recientemente sometió a nuestro país a una revisión sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ha desarrollado alrededor de cuarenta recomendaciones que se constituyen como un modelo, internacionalmente aceptado, de las reglas adecuadas para la prevención y control, principalmente, del lavado de dinero.

Según el documento, los cambios tienden a una adecuada construcción de infracciones, así como la disposición de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas aplicables a estas.

Se ha propuesto, además, un catálogo nuevo de definiciones de manera a actualizar y ubicar al país a la par y consonancia con la terminología internacional. También se ha readecuado la organización administrativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, atendiendo el enorme compromiso a nivel país en la lucha (ALA/CFT).

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