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La nefasta alianza entre disidentes colorados e izquierdistas volvió a boicotear un proyecto que debía beneficiar al país con obras viales. El sector rechazó en el Senado el proyecto de Ley que aprobaba un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 200 millones de dólares, lo que, además, implica que unos 50 mil empleados que trabajan en el sector de la construcción quedarán sin trabajo. No es la primera (ni será la última) que está asociación golpea a la ciudadanía privándola de proyectos y recursos que generen desarrollo y bienestar. Tal es el caso de la emergencia educativa, que rechazaron en su momento, en detrimento de miles de alumnos de todo el país que siguen dando clases bajo árboles o de estructuras que caen a pedazos.
ASUNCIÓN.- El proyecto que aprobaba el préstamo del BID fue remitido por el Ejecutivo al Senado, en donde la confabulación entre disidentes e izquierdistas lo tiró al basurero, sin considerar los grandes beneficios que se debían concretar en obras de infraestructura, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El dinero iba a ser destinado a obras que ya están en ejecución, y su rechazo afecta no solamente a las empresas constructoras sino a los aproximadamente 50 mil trabajadores que quedarán sin empleo ante esta arbitraria y caprichosa decisión de este sector de senadores indiferentes a las necesidades de la gente.
Aún en este bloque de disidentes y Multibancada hubo diferencias, ya que Carlos Amarilla pidió que el proyecto sea postergado, lo que molestó a la “jefa” del grupo, Desirée Masi, quien había dado la orden de que sea rechazado de una buena vez. Para colmo, el liberal cometió una suerte de sincericidio al afirmar que su criterio era técnico, dejando en claro que el de Masi y los demás, era un criterio político, algo de lo que no teníamos ninguna duda.
Ya desde el vamos el proyecto estaba condenado puesto que la misma Comisión de Hacienda, en donde los miembros son disidentes y opositores, ya había emitido un dictamen recomendando su rechazo. Para colmo, un día antes de la sesión presionaron al ministro de Hacienda, Santiago Peña, para que retire el proyecto porque lo iban a rechazar, convencidos de imponer su mayoría, que ya tanto daño ha causado en el país desde el año pasado.
El argumento para este nuevo abuso es que el proyecto tenía muchas falencias, según Silvio Ovelar, aunque ni siquiera él pudo explicar cuáles eran.
No es la primera vez que este contubernio rechaza proyectos remitidos por el Ejecutivo que hubieran beneficiado a la ciudadanía. Para colmo, no hay forma de solucionar esto mientras sigan detentando la mayoría de la cámara ya que constitucionalmente, el Senado es la cámara de origen de los proyectos remitidos por el Ejecutivo para aprobar préstamos internacionales.
EMERGENCIA EDUCATIVA
La Cámara de Senadores, de las manos de los colorados disidentes y de los izquierdistas, igualmente evitó hace un par de meses la aprobación de la ley de “Emergencia Educativa”, modificándola y manteniendo la burocracia en el momento de realizar obras en escuelas y colegios de todo el país.
SENADO POSPUSO EL ESTUDIO DE REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO
La aplanadora opositora impuso el criterio político empresarial sobre la urgencia económica y obligó al pleno a posponer la aprobación de proyecto que modifica el proceso de reajuste del salario mínimo. Los trabajadores deberán esperar que el Ministerio de Hacienda satisfaga un los requerimientos de la senadora Desireé Masi, del Partido Democrático Popular (PDP) y sus secuaces.
La congresista exige a Santiago Peña, ministro de Hacienda que informe si un aumento del Salario Mínimo presionará sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN), consulta que ya pudo haber hecho desde el momento que el proyecto ingresó a la Cámara y remitido al estudio en comisiones. Eso ocurrió hace dos semanas.
El Poder Ejecutivo imprimió celeridad al ordenamiento jurídico debido a las urgencias que atraviesan los trabajadores cuyos ingresos no fueron reajustados desde marzo de 2014 y según estudios económicos ya sufrió impactos sobre su poder adquisitivo.
Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), aseguró que “el reajuste salarial no traerá consigo un proceso inflacionario, sin embargo intentará recuperar el poder adquisitivo del trabajador; no existe ningún efecto colateral”.
Esta postura se contrapone a las posturas de los empresarios, que aseguran que un eventual aumento del sueldo mínimo impactará negativamente en la economía.
No descartan los sindicalistas marchar frente al Senado para exigir un tratamiento de urgencia del proyecto de modificación. Una vez que Hacienda remita las exigencias de la senadora Masi; el proyecto nuevamente se incluirá en el orden del día para su tratamiento y aprobación.
