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ASUNCIÓN.- Las empleadas domésticas aglutinadas en un sindicato no se han rendido a pesar de que en marzo del año pasado el Congreso sancionó una ley que dispone el pago del 60% del salario mínimo para ellas. Piden al Senado la modificación de la normativa vigente y exigen los mismos derechos que cualquier trabajador, además del salario, 8 horas de trabajo y demás beneficios.
No hubo argumentos de peso en las cámaras para decidir que las domésticas solo perciban el 60% del mínimo legal, lo que da la suma de 1.094.433 guaraníes, bastante menos de lo que perciben los trabajadores de otros rubros. Lo único que decían era que un trabajador que reciba el mínimo o algo más no podría pagar a una empleada doméstica, lo cual es cierto, pero no puede ser un motivo para privarla a ella de su derecho a una vida digna.
Lo cierto es que la ley sancionada el año pasado es discriminatoria y desde entonces, las trabajadoras que conforman el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay han seguido trabajando sin cejar por conseguir la modificación del artículo que las condena a ese salario.
El senador Hugo Richer, de la Comisión de Derechos Humanos, prometió a una delegación que se reunió con él que la modificación del artículo 10 de la Ley 5.407/2015 será incluida en el orden del día de la sesión extraordinaria que está prevista para el martes 18 próximo.
El artículo mencionado es el que establece que “el salario mínimo legal para el trabajo doméstico no será inferior al 60% (sesenta por ciento) del salario mínimo legal”. Para tratar el proyecto de modificación se necesita el dictamen de las comisiones de Equidad y Género, y Derechos Humanos. Por lo menos de esta última habrá recomendación, según lo prometido por Richer.
Myriam Agüero, del sindicato, dijo que “queremos que nuestra ley sea tratada en el transcurso de este año, porque si el salario mínimo no alcanza hoy para vivir, nosotras tenemos la limitación en la propia ley, porque el artículo 10 dice que el empleador o la empleadora está solamente obligado a pagar el 60% del salario mínimo. Consideramos que esto es una discriminación”.
El sindicato está compuesto por unas 220 trabajadoras, que también cuestionan que la ley permita el trabajo doméstico desde los 16 años de edad, cuando lo usual son los 18, la mayoría de edad.
