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Estados Unidos no le quita los ojos de encima a Nicaragua. La Casa Blanca advirtió este lunes que continuarán las sanciones al régimen de Daniel Ortega. La Administración de Donald Trump, reiteró su condena a la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno nicaragüense desde hace tres meses. Sostuvo que la responsabilidad “en última instancia” radica en el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y agregó que “este es el comienzo de las sanciones, no el fin”.
WASHINGTON.- Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Nicaragua incluyen la revocación de visas a los funcionarios relacionados con la violencia policial en contra de los manifestantes; el bloqueo al sistema financiero estadounidense y el congelamiento de los activos de tres altos cargos por violación a los derechos humanos; la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que fueron utilizados para reprimir violentamente las protestas pacíficas; y la paralización de las ventas y donaciones de equipos que las fuerzas de seguridad de Ortega puedan usar indebidamente.
“Este es el comienzo de las sanciones, no el final”, rezaba el comunicado.
Una vez más, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el adelanto de las elecciones en el país centroamericano. Sin embargo, la semana pasada, Ortega descartó esta opción en una entrevista a la cadena de televisión Fox News.
Argumentó que eso generaría “inestabilidad”. La Casa Blanca remarcó que los manifestantes nicaragüenses exigen reformas democráticas “después de años de elecciones fraudulentas y represión de la oposición”. “Estas demandas se han encontrado con violencia indiscriminada, con más de 400 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos falsamente calificados de ‘golpistas’ y ‘terroristas’ que han sido encarcelados, torturados o han desaparecido “, denunció la Administración.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que solicita al Gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. El texto “pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.
Las protestas, que fueron desencadenadas por un plan de Ortega para recortar los beneficios de las pensiones, avanzaron a una dirección sangrienta desde su inicio. La comunidad internacional condenó la violencia del Ejecutivo y de manera conjunta, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), exhortó al mandatario nicaragüense a adelantar las elecciones.
EE.UU. trabaja actualmente con otros países para responsabilizar a los culpables de la violencia, según el comunicado. La mediación de la Iglesia logró que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en Nicaragua para documentar el nivel de violencia, pero su papel de negociador es cada vez más vapuleado por el Gobierno, que ahora los llama “golpistas” y rechaza sus propuestas, como el demandado adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
REPRESIÓN AMENAZA CON DETONAR OTRO ÉXODO MASIVO EN LA REGIÓN
En medio de la dura crisis institucional y la creciente ola de violencia que atraviesa Nicaragua, cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a abandonar el país. Según informó la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, “el número de solicitudes de refugio es exorbitante” en lo que va del año y el 68% de estas corresponden a nicaragüenses, el triple que las de venezolanos.
La canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, dijo que se estima que cerca 3.000 nicaragüenses cruzan por semana a su país desde que empezaron las protestas. “Hay un aumento que podría llegar a una crisis. Si llegamos a 5.000 personas que ingresan por semana, estaríamos hablando de crisis”, señaló.
Braulio Abarca Aguilar, abogado y miembro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), señaló a Costa Rica como el principal destino al que se dirigen los migrantes, seguido por Panamá, Estados Unidos y España. Agregó que, en gran medida, son en su mayoría jóvenes los que debido a las amenazas de muerte y los asedios policiales y paramilitares son obligados a desplazarse.
Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, en reclamo por la reforma del sistema previsional, el Cenidh se ha encargado de registrar las denuncias de distintas violaciones de derechos humanos y, a su vez, de emitir constancias que las certifiquen. Suelen ser necesarias para las personas que quieren acceder a una solicitud de refugio en cualquier país.
