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El supuesto cambio que pregonan los estudiantes y las autoridades nunca llegó a la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los jóvenes se convierten en dueño de las instituciones y los directivos perfeccionaron la corrupción, en ese sentido hay una denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción contra el rector, Abel Bernal Castillo.
SAN LORENZO, Departamento Central. Hugo Alberto Guerreño Flores presentó la denuncia en la oficina del fiscal Martín Cabrera, donde señala que Pedro Gerardo González González, funcionario del Rectorado de la UNA, no solicitó permiso al entonces rector de la UNA para fungir de interventor de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).
El caso involucra al rector de la UNA Abel Bernal Castillo y a Pedro González González. Al primero en calidad de cómplice porque hasta la fecha no informa a la Honorable Cámara de Diputados sobre el requerimiento formulado por la misma en virtud a la resolución Nº 1948/2015, habiéndose comprometido, según nota UNA Nº 071/2016, ya el 15 de enero pasado y hasta la fecha, llamativamente no informada.
En tanto que el segundo, Pedro Gerardo González, en calidad de autor. Éste funcionario del Rectorado de la UNA, hasta hace poco, sin autorización o resolución de la máxima autoridad del Rectorado se ha ausentado por un prolongado periodo para fungir de interventor designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) en el periodo 214/15, en ambos casos cobrando indebidamente salarios en uno y otro cargo, es decir en el Rectorado y en la Universidad Pública intervenida.
Sobre este caso existe un pedido de informe de la Honorable Cámara de Diputados, que hasta la fecha, no fue respondido por el Rectorado de la UNA, convirtiéndose con ello el actual rector en cómplice de la irregularidad y encubridor manifiesto de la misma. Mientras que Pedro González ha incurrido efectivamente en cobro indebido de honorarios en calidad de autor.
Se agrava la situación porque existen además otros funcionarios que lo acompañaron para cumplir el trabajo de interventor en la UNP, que estarían en la misma situación que González.
El Ministerio Público debería verificar el cumplimiento de la ley 5189/2014, recurriendo a la página web de la Universidad Nacional de Pilar y de la UNA respectivamente para constatar la percepción de emolumentos varios en contravención al artículo 105 de la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias. Asimismo, puede recurrir al Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, entre otras instancias para constatar las irregularidades.
Igualmente, la Fiscalía puede requerir a la Magister Rossana Zalazar Giummaressi si ha denunciado o no tal irregularidad en su calidad de auditora general de la UNA o si la misma también ha recurrido en complicidad manifiesta.
Por otra parte, según el denunciante existe la sospecha que la actual administración del Rector Abel Bernal estaría desviando fondos y rubros destinados a la investigación científica para el cumplimiento de labores meramente administrativas, violando con ello la ley que aprueba el presupuesto general de gastos de la Nación.
SILENCIO CRIMINAL
El rector de la UNA, Abel Bernal Castillo, a su vez obstruye expresamente y guarda silencio criminal con relación a pedidos de informes formulados por la Comisión Permanente del Congreso de la Nación, según la resolución Nº 14/2016 y la Nº 33/2016 en que reitera el pedido de informes sobre funcionarios que supuestamente habrían sido identificados como planilleros y que también han incurrido en el delito de cobro indebido de honorarios por varios años, entre los que figuran Nicolás Bobadilla, Eduardo Zaracho, Soledad Ayala, Nelly Flor, Abraham Marecos, Viviana Ríos, Juan Dávalos y otros más cuyos números de cédulas figuran en el pedido de informe, quienes deben ser investigados por la justicia a fin de aclarar estos vínculos y ser castigados por los hechos punibles cometidos.
Asimismo, si el Ministerio Público requiere datos sobre el ciudadano Vidal Flor Pérez puede recurrir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y encontrará que está siendo investigado por ejercer la actividad económica de proveedor del Estado en contravención a lo estipulado en la ley Nº 1626 “de la Función Pública”.
OTRAS IRREGULARIDADES
Según el denunciante, tampoco se debe perder de vista la situación irregular de Pedro Luis Paniagua Alcaraz con C.I Nº 1.026.550 con múltiples cargos en la UNA y con superposiciones evidentes y de José Aníbal Coronel Villalba con C.I Nº 702.375, el primero es hermano del secretario.
