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ASUNCIÓN. Le vino de perlas a Efraín Alegre la imputación del fiscal Édgar Sánchez, porque había desaparecido del panorama político y con esto volvió con todo, ahora como víctima de persecución político, recurso al que le encanta recurrir cuando alguien señala sus entuertos o critica sus acciones.

Con los aplausos y zapateos del sector del directorio liberal que le responde, anunció que no chicaneará su proceso –aunque lo primero que hizo fue recusar al fiscal Sánchez- y que se presentará a la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Cynthia Lovera, el próximo martes 16 de junio. Añadió que no aceptará medidas alternativas sino que exigirá que le decreten la prisión preventiva, como si eso fuera potestad suya y no de la magistrada de la causa.

En realidad, más allá de lo que digan los efrainistas, Alegre no es ningún perseguido político. Fue imputado por producción de documento falso por haber clonado facturas por unos 1.700 millones de guaraníes, que eran del partido y “desaparecieron”, dejando en quiebra técnica al PLRA.

Por lo tanto, más que víctima, hay serias sospechas de que el presidente de los liberales podría ser un delincuente, y es por eso que está imputado y por eso que se abrió un proceso en su contra. Y el problema principal lo tiene con los dueños de las estaciones de servicio involucradas, que niegan haber emitido facturas por combustible, que fueron presentadas de manera oficial en la rendición de cuentas de la campaña liberal en el Alto Paraná.

Aunque siga insistiendo con lo mismo, esta investigación se basa en esos hechos y no en una campaña orquestada por Horacio Cartes, el culpable de todos los males de Efraín.