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LA PAZ. El conflicto desatado en Bolivia por los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre —que favorecen al Gobierno pero que la oposición considera fraudulentos— no encuentra una salida política ni institucional. Grupos de manifestantes a favor y en contra del presidente Evo Morales se enfrentan a diario en distintas ciudades del país, lo que ha provocado la muerte de tres personas y decenas de heridos de distinta gravedad.
La policía no tiene capacidad para garantizar el orden, pero no se sabe si porque el Gobierno le pide abstenerse de actuar en algunos casos, porque no cuenta con suficientes recursos o porque, al estar dividida internamente, no puede ser usada con confianza por las autoridades.
Las organizaciones sociales de las ciudades que dirigen el conflicto, los llamados “comités cívicos”, piden la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones, una opción que es impensable para el oficialismo. Al mismo tiempo, estos comités rechazan la auditoría de los comicios que está realizando la Organización de Estados Americanos, en cuyo dictamen el Gobierno deposita su esperanza de solucionar el conflicto. La oposición política, encabezada por el candidato Carlos Mesa, ha perdido peso y se ha sumado, con un talante más moderado, a la postura de los comités cívicos.
El pasado miércoles, se produjo un brote grave de violencia en Cochabamba, la región del país de la que proviene Morales. A primera hora de la mañana, un grupo de mujeres cocaleras, antiguas compañeras de lucha del ahora presidente, marchó desde el campo a la ciudad del mismo nombre, que se encontraba bloqueada en distintos puntos. Durante todo el día se produjeron enfrentamientos con piedras y palos entre grupos de campesinos, protagonistas habituales de las luchas sociales bolivianas, y jóvenes citadinos pertrechados con escudos y cascos. En los choques murió un joven de 20 años —que acabó con el cráneo roto— y decenas de personas resultaron heridas. Al mismo tiempo, la alcaldesa de un municipio colindante, Vinto, una militante del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), fue retenida durante varias horas y vejada por un grupo de manifestantes, que la acusaba de financiar y liderar a las personas que habían querido desbloquear y romper el paro cívico.
La Paz y sobre todo El Alto (que reúne a las zonas habitadas por inmigrantes rurales de la primera ciudad) son las únicas urbes del país en las que las actividades todavía se realizan con cierta normalidad, aunque hay algunos bloqueos, marchas y concentraciones de ambos lados, y cada noche se observan combates entre universitarios que quieren llegar a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, y policías que lo impiden. El resto de las ciudades del país protagonizan huelgas cuyo seguimiento es variable. Tras casi dos semanas de protestas contra el fraude electoral, los huelguistas alegan que están ya muy cansados, aunque ninguno habla en público de una suspensión de las movilizaciones.
Al contrario, los comités cívicos buscan radicalizar los paros con bloqueos de carreteras internacionales, que comienzan a ser realizados por los transportistas de carga, mientras que los transportistas de pasajeros están, en general, del lado del Gobierno.
El dirigente más visible de la protesta, Fernando Camacho, líder de los comités cívicos de Santa Cruz, se trasladó a La Paz para entregar en el Palacio de Gobierno una “carta de renuncia” preparada para que Evo Morales solo tuviera que firmarla. Su llegada se convirtió en una pequeña odisea, porque, en un primer intento, un grupo de militantes del MAS entró en el aeropuerto de El Alto y estuvo a punto de agredirlo. El Gobierno tuvo que evacuarlo en una avioneta. Horas después, Camacho, que iba “solamente con la carta de renuncia y una Biblia” en las manos, volvió a aterrizar en El Alto y logró salir del aeropuerto, rodeado de gente que lo repudiaba y que lo aplaudía, gracias a un complejo operativo policial.
(Con información de El País)
