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ASUNCIÓN. La terrible situación del penal de Ciudad del Este, en donde aumentan exponencialmente los casos positivos al coronavirus y en el cual el hacinamiento de los presos es el caldo de cultivo para el contagio masivo, vuelve a refrescar un viejo debate sobre la aplicación de la prisión preventiva, que algunos consideran que debe darse solo en casos excepcionales y quienes defienden el espíritu del Código Penal al decir que debe aplicarse cuando el hecho punible es un crimen con una expectativa de más de 5 años de prisión y la concurrencia de otros factores, como el peligro de fuga y la sospecha de que el procesado podría incidir en la investigación.
En los últimos días, coincidiendo con el aumento de casos, se dieron dos hechos diferentes, la ministra de Justicia, Cecila Pérez, visitó a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien le manifestó su preocupación por el hacinamiento en los penales y el peligro de que el virus infecte masivamente, y pidió que se busquen alternativas a la prisión preventiva, a fin de que los procesados puedan guardar prisión domiciliaria.
Por otro lado, y también como consecuencia de la pandemia, el senador liberal Fernando Silva Facetti presentó un proyecto de ley que podría ser tratado el próximo jueves, que plantea lo mismo, la prisión domiciliaria en lugar de la preventiva.
A nadie se le ocurre plantear que algún asesino o un delincuente violento sea beneficiado con medidas alternativas, así que la ley y el reclamo de la ministra lo que harán será beneficiar a los delincuentes de guantes blancos, funcionarios procesados por corrupción y lesión de confianza.
Según Silva Facetti, la intención de su proyecto es beneficiar a los presos que están con riesgo de contagio; sin embargo, analistas consideran que se utilizaría especialmente para beneficiar a procesados por hechos de corrupción, que serían beneficiados con medidas alternativas en lugar de la prisión preventiva.
En este momento hay políticos que están en la cárcel por hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, como los diputados oficialistas Ulises Quintana y Miguel Cuevas, y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
Los dos legisladores abdistas llevan meses intentando salir de prisión y conseguir medidas alternativas. De sancionarse esta ley, sus abogados tendrán nuevos argumentos para salirse con la suya, todo por temor al coronavirus.
