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Si los gobiernos departamentales, llámese estos gobernaciones y los munícipes del país le otorgarán mejor y mayor utilidad a los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en pro de una educación otra sería la historia. Lamentablemente la plata dulce que anualmente cae en poder de las autoridades departamentales, hasta el momento han causado lastima y desaprobación.
A diarios vemos el desastroso y lamentable acción en este tema de muchos gobernadores e intendentes, en el desvío de los recursos para lo que fue creado esta figura. De los 360 millones dólares anuales provenientes del Brasil por la cesión de la energía eléctrica de la Itaipu perteneciente al Estado paraguayo, la “excelencia educativa paraguaya”, se lleva el 25 por ciento y va a parar en poder de los gobernadores de los 17 departamentos del país, y los más 250 municipios.
Causa pena y pesar la falta de transparencia en la administración de estos recursos públicos, convirtiéndose en el botín preferido de muchas autoridades sinvergüenzas e inescrupulosas, quienes sin pudor roban y se adueñan de la plata del pueblo, que estaba destinada a la educación.
Es el momento de replantear seriamente este tema, ya que si se maneja con buena calificación de transparencia, podría mejorar sustancialmente la educación en el Paraguay.
Las mayoría de las infraestructuras de los locales educativos (primarias y secundarias) de las regiones del nuestro país, se caen a pedazos, en tantos otros ni cuentan con un local acorde para la impartición de una buena enseñanzas. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), debiera constituirse en un periodo de tiempo corto en el órgano contralor de este recurso que hoy día es manejado y administrados por los gobernadores e intendentes de la geografía nacional.
Este interesante recurso provenientes de la venta energética, utilizada por el gobierno brasileño, debiera ser distribuida y utilizada de forma más limpia, transparente y por sobre toda más justa y equitativa. Es decir ser destinado en mayor proporción hacia aquellos lugares donde la demanda es imprescindible, en especial priorizar la educación.
L a vara de la justicia, debe ejercer el rol de mayor protagónico, castigando con todo el peso de la ley a todas aquellas autoridades que desvían los recursos del Fonacide.
La hora apremia, si las autoridades encargadas de administrar los recursos provenientes del Fonacide, no lo hacen como corresponde, deben asumir su culpabilidad ante la instancia de la justicia, de lo contario seguiremos lamentándonos por tantos desperdicios que cada vez perjudica en mayor grado a la educación de nuestro país.
