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La imputación presentada contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, por el supuesto hecho punible de prevaricato, ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Una verdadera guerra de hinchadas, en la que unos manifiestan su contento, mientras otros su desaprobación. Lo único que ha estado ausente es el análisis sereno de la situación, y sus consecuencias.
Precisamente, es el ministro Blanco quien se encuentra sometido a un Juicio Político ante la Cámara de Senadores, en cuya tramitación se evidencia la absoluta irresponsabilidad de nuestros parlamentarios. Diputados que han incumplido el rol que se les asignara, como fiscales acusadores, y senadores que se ausentan de las sesiones, sin motivo válido.
Se sospecha –inclusive– que la irresponsabilidad de estos últimos, permitirá la absolución de Blanco, por no reunirse los votos necesarios para su destitución (mayoría absoluta de dos tercios). Es decir, existe el riesgo de que el enjuiciado siga dictando resoluciones judiciales, desde el más alto Tribunal de la República, como consecuencia de una absolución que no proclame su inocencia.
Por falta de responsabilidad y coraje de nuestros “representantes”, es posible que la ciudadanía deba seguir padeciendo innecesariamente a un juez sobre quien pesan serios indicios de mal desempeño y la comisión de hechos punibles.
En la acusación formulada por la Cámara de Diputados, contra el ministro Blanco, aprobada por Resolución Nº 1059, del 10 de diciembre de 2014, se incluye expresamente el hecho punible de prevaricato, que – según se sostiene – habría perpetrado en oportunidad de dictar sentencia en el expediente: “Peter David Kennedy s/ apropiación y otros”, tramitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Como consecuencia de ello, la imputación presentada por el Ministerio Público ante el Poder Judicial, que refiere a los mismos hechos, y atribuye la misma calificación penal, está destinada al fracaso, pues, si tal como se presume, Blanco resulta absuelto por senadores, seguirá ejerciendo el cargo, con todas las prerrogativas que la Constitución le atribuye, inclusive, la inmunidad de proceso, lo que impediría que la imputación prospere.
Así las cosas, la imputación deberá aguardar, por lo menos, hasta dentro de tres años, cuando Blanco deba abandonar el cargo, por haber alcanzado a la edad límite, establecida por la Constitución, ya que es impensable que pudiera ser sometido nuevamente a otro Juicio Político, por los mismos hechos, desconociéndose la prohibición establecida en el inciso 4 del Art. 17 de la Ley Fundamental de la Nación (ne bis in ídem).
Sin embargo, como decíamos más arriba, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo, las manifestaciones de solidaridad, bajo la alegada razón de defensa de la independencia judicial, cuando en realidad la debilitan hasta extremos inaceptables.
Las expresiones de solidaridad con Blanco, que se originan fundamentalmente en la jurisdicción penal del Poder Judicial, la misma que ejerce aquel, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, demuestra que se encuentra vigente una eficiente corporación, que ejerce la defensa activa de sus integrantes, sin importarles –en absoluto– que sus acciones y conductas afecten severamente los mismos valores que dicen defender.
Resulta claro que la posibilidad de que, en los próximos días, Blanco sea sometido a investigación y juzgamiento en sede penal por el hecho punible de prevaricato, dependerá exclusivamente de la voluntad política o la irresponsabilidad de los parlamentarios, como resulta absolutamente claro, que las reacciones, manifestaciones y amenazas de los jueces y camaristas, es de carácter emocional, pues racionalmente carecen de justificación.
En un comunicado difundido el jueves pasado, los magistrados de la Circunscripción del Alto Paraná, cuya Superintendencia se encuentra a cargo del mismo Blanco, expresaban: “Emitimos este comunicado solicitando el acompañamiento de todos los magistrados y nos declaramos en vigilia por la independencia del Poder Judicial, a fin de que podamos aplicar la Ley según la sana crítica y libre de injerencias de fuerzas oportunistas que buscan socavar los cimientos de la República y convertirla en una tiranía del oscurantismo medieval agazapada en la trinchera mediática como un legado de una tiranía depuesta, pero aún vigente en ciertos actores del Ministerio Público, que antes que construir, violentan y resquebrajan las instituciones de la República. Por estas razones, los Magistrados Judiciales del Alto Paraná, nos declaramos en Sesión Permanente y adoptamos como medida de protesta la comparecencia a nuestros despachos sin el rigorismo correspondiente (vestimenta informal)”.-
Este comunicado, como otros, antes que procurar la defensa de la independencia del Poder Judicial, delata la falta de confianza que merecen sus miembros, pues, si la imputación contra Blanco carece de fundamentos, se supone, que el juez de la causa (integrante del mismo Poder Judicial) resolverá conforme a derecho. Pero no es así, los propios magistrados no confían en la independencia e imparcialidad de sus colegas, y es por ello que procuran ejercer presión, impidiendo que éste actúe conforme sus convicciones.
A los mismos que amenazan con colgar saco y corbata, para ejercer sus funciones con rojas informales, podemos decir: No es necesario que los jueces vistan de gala, hace falta que apliquen la ley, que hagan justicia y, si no están en condiciones de hacerlo, es mejor que concurran a sus despachos calzados con zapatillas.
