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El Senado en la encrucijada

La Cámara de Diputados adoptó en la víspera dos decisiones trascendentales. Por un lado, le dio su visto bueno al crédito de 200 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Obras Públicas, para dar continuidad a un total de 130 emprendimientos viales que están en desarrollo. Y por el otro, ratificó su dictamen anterior respecto al Presupuesto General de la Nación, devolviendo nuevamente a Hacienda la facultad de emitir bonos por valor de 558 millones de dólares, lo que le permitirá honrar los servicios de la deuda pública, así como al Banco Central del Paraguay (BCP) en materia de política monetaria, a fin de mantener a raya la inflación.

El primero de los temas ya pasa a ámbitos del Poder Ejecutivo, que pronto promulgará la normativa para cubrir sus obligaciones con las contratistas y se reanuden las obras, luego de que el Senado mantuviera cajoneado un proyecto tan importante como éste por espacio de dos meses, manteniendo en vilo no solo a las empresas vialeras sino también a 50.000 obreros que estuvieron a punto de no cobrar el sueldo de diciembre ni el aguinaldo.

Desgraciadamente, éste no es el caso del Presupuesto. Aunque los diputados rechazaron casi por unanimidad los cambios introducidos por la Cámara Alta (hubo solo 2 votos en contra y 1 abstención), el proyecto ahora vuelve a la Cámara de Senadores, en donde está siendo utilizado como un instrumento político, o mejor, como un “garrote” para castigar al gobierno, aunque en realidad los enormes daños que cause afectarán al país y a todo el pueblo.

En efecto, resulta verdaderamente monstruoso lo que había hecho en materia presupuestaria la mayoría que controla el Senado, léase “marioabdistas”, “luguistas” y los afines a éstos últimos, pertenecientes al radicalismo auténtico. Los legisladores de dichas formaciones políticas recortaron de US$ 558 millones a US$ 350 millones la emisión de bonos para el año 2017, dejando así al Estado paraguayo sin recursos para cubrir los servicios de la deuda pública y, más aun, hicieron que Hacienda no tenga posibilidad alguna de cubrir los vencimientos con otros fondos, al eliminar el rubro presupuestario destinado para dicho efecto.

En otras palabras, pusieron al país al borde del “default”, de la cesación de pagos, propinándole así un golpe bestial a la economía y a la confianza que se ganó el Paraguay ante los organismos financieros internacionales. Pero por si eso fuera “poco”, también establecieron límites a la intervención del Banco Central en materia de política monetaria; estratégica a los fines de mantener contenida la inflación en alrededor del 4%, lo que provocará un alza inevitable del dólar y, en consecuencia, de los precios de todos los productos provenientes de las importaciones.

Estas medidas aberrantes fueron corregidas en la víspera por la Cámara de Diputados, e insistimos en este dato, por 71 a 3, lo que supone que votaron en contra de las mismas no solo los colorados oficialistas, sino también disidentes y liberales. Sería de esperar, por tanto, que tome nota del hecho el bloque que ostenta una ligera mayoría en la Cámara de Senadores, si bien dicha hipótesis parece poco probable, aunque no imposible.

Los días que restan para dirimir la cuestión son cruciales para hacerles entender a estos señores que tienen todo el derecho del mundo a practicar una política opositora hasta si se quiere áspera, de confrontación con el Ejecutivo, pero nunca, jamás, a costa de los intereses nacionales, que son los que en definitiva están en juego.

Deben comprender que las tasas de crecimiento económico de nuestro país, del orden del 3,5% al 4,0%, así como la inflación controlada a tasas muy bajas y las buenas calificaciones internacionales -a pesar de las condiciones regionales y mundiales adversas-, son enormes conquistas que trascienden a tal o cual gobierno y que bajo ningún punto de vista pueden ponerse en riesgo; menos todavía tirarlas al tacho de basura, como ocurriría si el Senado se reafirmara en su descabellada postura.

Si no entraran en razones, con seguridad sobrevendría el veto del Poder Ejecutivo, para que los daños no sean tan graves, pero esto de ningún modo los eximiría de ser portadores de un enorme cartel que los identifique como lo que en ese caso se convertirían: Traidores a la Patria.

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