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La última reacción de los emblemas fraccionadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) contra el Estado acabó dándole la razón al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a Petropar instituciones del gobierno que plantean regímenes legales de protección al consumidor. En una denuncia de Defensa al Consumidor, Petrobras y Copesa ocultaron al Tribunal de Cuentas que las garrafas reclamadas como propias en realidad son de los usuarios, quienes los adquirieron a elevado costo. La empresa paraguaya, de Pedro Ballota, reclamó sus derechos y niega el de los usuarios al no expedir certificados de seguridad de sus garrafas.
ASUNCIÓN.- En varias intervenciones periodísticas el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, acusó a los empresarios del gas de mentir a la población y una de esas mentiras llevó a tribunales como un intento por sacar de competencia a Petropar y recuperar el oligopolio del negocio.
El revés judicial ratificó la postura del Gobierno fundamentada en la Ley Nº 2.639/2015 que autoriza expresamente la recarga de GLP “en garrafas de uso doméstico en las estaciones de GLP habilitada por el Ministerio de Industria y Comercio, exclusivamente a consumidores finales”.
Eddie Jara Rojas, presidente de la petrolera estatal afirmó que desde un principio estaban convencidos de que no existía errores en el modelo de comercialización del producto “y las garrafas que son recargadas en las estaciones de servicios de Petroparson propiedad exclusiva de cada uno de los consumidores finales de este producto, quienes las adquirieron a través del pago de un precio abonado a las distintas empresas fraccionadoras del sector”.
Los emblemas acusan a Petropar de apropiarse de recipientes de estas compañías privadas y soslayan un punto importante; que estas garrafas fueron vendidas al usuario “por lo tanto, todos los propietarios de garrafas tienen la libertad absoluta de utilizar su propiedad de la manera que lo consideren más pertinente, cargando el gas licuado de petróleo en las estaciones de su preferencia”, enfatizó Jara Rojas.
EN TRIBUNALES
La Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) planteó una demanda contra Petrobras y Copesa y los empresarios, en la misma carpeta, exigieron a la Justicia la defensa de lo que consideraron violación de sus derechos; sin embargo el resultado fue un boomerang pues el juez en lo Civil y Comercial, Helmut Fortlage ordenó a Petrobras, y Copesa y las demás fraccionadoras “a abstenerse de impedir la recarga de gas a los consumidores finales en garrafas de uso doméstico”, y ofició al MIC para “su toma de razón y cumplimiento”.
Esta última instrucción habilita al MIC a intervenir con mayor fuerza en procedimientos irregulares en la comercialización del GLP.
A propósito; está vigente y corre el plazo de registración de garras para su certificación. En setiembre el MIC emitió una resolución que obliga a las empresas a empadronar los recipientes.
De 1.900.000 garrafas solo 150 mil están habilitados y una de las compañías que acudió a la justicia exigiendo la protección de sus derechos; Copesa, de Pedro Ballota, no tiene empadronado un solo balón de gas; hecho que atenta contra los derechos de seguridad del consumidor.
EN 20 DÍAS SE HABILITARÁN 10 NUEVAS BOCAS DE EXPENDIO
En 20 días más, antes que acabe el año, Petropar dispondrá de nuevas bocas de expendio del Gas Licuado de Petróleo (GLP). A las diez que ya están comercializando el producto se acoplarán otras diez más “y así tendremos la posibilidad de llevar a otras localidades el gas a precios más bajos”, explicó Eddie Jara Rojas, presidente de la compañía petrolera del Estado.
La intención es llegar con precios competitivos a zonas donde aún el precio no se ha modificado. Hace algunas semanas los gremios de empresas fraccionadoras anunciaron que no bajarán sus precios en ciudades donde no existan estaciones de servicios de Petropar.
Jara Rojas confirmó que estas nuevas bocas de expendio estarán en el interior del país. La mayoría de las que están habilitadas hoy están instaladas en Asunción y el departamento Central.
El departamento logístico de Petropar anunciará la próxima semana donde estarán estas nuevas estaciones y Jara Rojas dijo al respecto que “esta política obedece a la intención de llegar a más personas con un producto de buena calidad a precio conveniente”.
En este momento los técnicos financieros están trabajando en una nueva licitación del GLP para la adquisición entre 1.500 a 3.000 toneladas.
La partida anterior de 1.000 toneladas está por acabarse; llegó al 90% de su distribución y comercialización. Esta provisión fue adjudicada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
