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Una escandalosa estafa al Estado paraguayo se concretó con la financiación de viviendas por parte de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), construidas en el km 10 Acaray de Ciudad del Este, actualmente invadidas. Fue durante el gobierno de Fernando Lugo, por lo que la responsabilidad recae en el expresidente de la Senavitat, Gerardo Rolón Pose. El hecho de corrupción se consumó en la era de Federico Franco. El abogado Mauro Barreto, representante legal del anterior propietario del inmueble donde están asentadas las casas, dijo que la empresa adjudicada, ligada al concejal departamental, Arnaldo Barreto (PLRA), se chupó G. 7.000 millones, dado que recibió el dinero de Senavitat, pero nunca pagó por el terreno. Es similar al sonado caso de “la ruta de la mentira”.
CIUDAD DEL ESTE.- Mauro Barreto es el abogado de Joaquín Idalín Paiva, anterior propietario del inmueble donde actualmente están asentadas las 150 viviendas financiadas por la Senavitat.
Según el profesional, Paiva, quien ya falleció, recibió solamente el 50% del valor de su inmueble por parte de la empresa ligada al concejal. Esto pese a que la firma, de nombre “El Progreso S.A.”, recibió unos G. 7.000 millones de la Senavitat, para la compra del terreno y construcción de las 150 casas. El valor acordado por el anterior propietario y la empresa fue de G. 1.600 millones por el terreno, pero solamente se pagó G. 800 millones.
“Fue una estafa al Estado paraguayo. Dieron la licitación a una empresa ligada al concejal departamental Arnaldo Barreto Fidavel, por cuestiones políticas este señor se quedó con la licitación, porque no sabe nada de construcción y puso a nombre de su hermano, Agustín Barreto la constructora”, criticó el abogado.
Barreto señaló que la adjudicación a dicha firma fue por un total de G. 10.717 millones, también para la obra de 100 casas en Presidente Franco, y que la Senavitat desembolsó G. 5.000 millones, es decir, casi el 50% del valor. Posteriormente, se desembolsó más G. 2.000 millones. El contrato entre la institución y “El Progreso” se celebró en fecha 18 de enero del 2012.
Cuestionó que lo primero que la empresa debió hacer, fue pagar la totalidad del inmueble, transferirlo a nombre del ente público, y luego iniciar la construcción. Apuntó que los “empresarios”, hicieron figurar en la Senavitat que el costo del predio era de G. 1.980 millones, cuando en realidad fue vendido por su cliente por G. 1.600 millones. “Se chuparon la diferencia de precios”, denunció.
El denunciante aseveró que se debió pagar el total y hacer la transferencia, para luego construir.
Apuntó que el propio concejal liberal firmó el contrato con Paiva, presentándose como representante de la Senavitat, lo que es falso. “El Progreso S.A.”, fue adjudicado para la inversión el 4 de agosto del 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo.
ROLÓN POSE
Uno de los principales cuestionamientos hechos por Mauro Barreto tiene que ver con la liberación de G. 5.000 millones, más G. 2.000 de la Senavitat (en total G. 7.000 millones), durante los gobiernos anteriores, sin que se haya transferido el inmueble a la institución, porque nunca se pagó el total del precio.
“El contrato no está firmado con la empresa “El Progreso”. Tenemos una venta con Arnaldo Barreto Fidavel, una persona particular, un sinvergüenza, le jodió al señor, porque le dijo que era representante de la Senavitat. Como es una cuestión de política, el entonces ministro de esta institución, en lugar de cortarle y exigirle la transferencia del título, le siguió dando plata. Se defiende todo entre ellos”, remarcó.
Barreto señaló que ante la falta de pago, herederos de Paiva promovieron una acción de nulidad sobre el contrato celebrado entre el edil y el propietario del inmueble. Actualmente, existe una orden de no innovar sobre el terreno. Remarcó que la Senavitat pudo haber reclamado el seguro, pero el plazo ya venció. El contrato actualmente se encuentra rescindido por parte del ente.
Agregó que los herederos de la propiedad, que son siete, ya no quieren seguir con la venta.
Unas 100 viviendas de las 150 existentes fueron adjudicadas por la Senavitat a propietarios que realizaron su primera entrega. El abogado apuntó que fueron adjudicadas durante el gobierno de Franco, y que la mayoría de los beneficiarios son liberales. Para el abogado de los Paiva, “la institución no tiene nada que reclamar”, porque el predio no está a nombre de la misma.
El fin de semana último, supuestos seguidores de Javier Zacarías, encabezados por la exconcejal zacariísta, Aida Molinas, invadieron las casas e incluso hicieron conexiones clandestinas.
CASO SIMILAR A “LA RUTA DE LA MENTIRA”
El caso de la estafa con las viviendas de Senavitat de CDE, cuya financiación pagó la institución, pero el trabajo no se concretó, es similar al caso de “la ruta de la mentira”. Este caso involucra al anterior responsable del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Efraín Alegre. Este es uno de los íconos de corrupción de la gestión de Alegre al frente de dicha cartera, durante el gobierno de Fernando Lugo.
El presidente del directorio del PLRA, llegó a pagar un anticipo de US$ 7,5 millones a una empresa sin hacer absolutamente. Este fue acusado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias.
Los antecedentes revelan que a mediados del 2009, el entonces ministro Efraín Alegre agilizó los procesos licitatorios para la adjudicación de la obra y prometió el rápido inicio de los trabajos. El primer tramo de 32 km se licitó a mediados de 2009 y se adjudicó al Consorcio Cotafel, integrado por Coinco, Tapé Guaraní y la Constructora Feldmann, que inició los trabajos el 19 de diciembre de ese año.
En el 2010 se licitó el segundo tramo y también fue adjudicado al consorcio Cotafel, que aseguró haber dado comienzo a las obras en el primer semestre. Sin embargo, luego de denuncias de irregularidades en los trabajos, se constató que Cotafel había abandonado la obra, entre el 2010 y 2011, sin siquiera haber ejecutado el 30% de la misma. Además, había cobrado un anticipo de G. 33.216 millones (US$ 7,5 millones) para hacer los trabajos. Inicialmente, la ruta XIII tenía un costo total de 166.081 millones (US$ 37 millones), de los cuales G. 141.000 millones eran para el tramo 1 y 96.000 millones para el segundo tramo.
