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ASUNCIÓN. Durante el debate que se da en el Senado por la falta de rendición de cuentas del Ejecutivo sobre lo ejecutado de los 1.600 millones de dólares que el Congreso autorizó al gobierno para combatir al coronavirus, Esperanza Martínez, del Frente Guasu, dijo que “esta semana ha sido de gran preocupación, indignación por lo que está sucediendo. Los préstamos que hoy deberían haberse honrado con las compras necesarias para que en estos 70 días el sistema de salud estuviera en condiciones para enfrentar la pandemia, tienen sobradas denuncias que demuestran que todos los procesos están cargados de irregularidades que hacen sospechar de roscas, contubernios de sectores muy cercanos al gobierno, que vienen desde hace mucho tiempo formando parte de la patria contratista”.

“La historia de corrupción institucional tiene muchos años, ha pasado por todos los gobiernos, pero ahora estamos en situación de pandemia como hoy, que ha colocado a una situación más crítica a toda la economía, al sector social, con cierre de empresas, con hambrunas que se ven con las ollas populares, ante respuesta institucionalizada del gobierno. Pasamos de las polladas para la atención médica a las ollas populares para socorrer el hambre ante la ausencia efectiva de acciones que en este Congreso aprobamos”, añadió.

Según Martínez, “van a caer los secretarios, asesores jurídicos, los que trajeron la carpeta, pero los grandes ideólogos de estos negociados van a quedar y cambiarán el nombre de las empresas”.

Pidió a los senadores de la oposición “que nos sentemos a no ser parte de este circo y respondamos de manera colectiva, porque vamos a ser o cómplices o los responsables de exigir que se cambie la hoja de ruta de la corrupción, que va a llevar a la miseria. Este período, después de la dictadura, va a ser el de más hambre y miseria”.