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Estado podría demandar a ex autoridades, responsables del acuerdo con Covax

El procurador general del Estado, Marco Aurelio González, explicó que la institución a su cargo analiza la posibilidad de demandar a los responsables del Gobierno anterior de hacer firmado el acuerdo con el mecanismo Covax, que terminó siendo perjudicial para nuestro país.

Entre las opciones que se analizan para resolver el conflicto, en el que nuestro país reclama el dinero que pagó por vacunas que no llegaron y los responsables de Covax pretenden que aún se les pague más, está la demanda a los responsables del Gobierno anterior, especialmente el ex presidente Mario Abdo Benítez y el ex ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

González recordó que ayer venció el plazo establecido para que nuestro país y el mecanismo Covax lleguen a un arreglo amistoso en relación al conflicto por los 5,6 millones de dólares que desembolsó Paraguay a cambio de nada.

Durante este periodo, Paraguay manifestó que no cree convenientes las propuestas planteadas por Covax que eran dos, y ambas implicaban pérdida de dinero.

Para la rescisión de contrato, solicitaban 180.000 dólares adicionales, además de quedarse con los 5,6 millones que desembolsó Paraguay.

Otra opción era recibir el lote restante: 3 millones de vacunas y el pago correspondiente de 33 millones de dólares.

“Paraguay sostiene que esos fondos deben ser reembolsados porque se trata de un dinero que no ha tenido una contraprestación porque no vinieron en el tiempo acordado”, explicó el procurador.

En cuanto a las acciones, anunció que Paraguay evalúa ir al arbitraje internacional ante la falta de acuerdo.

A nivel local, advirtió que este Gobierno no encubrirá a nadie. “No vamos a ser cómplices de nada y si hay que reclamar y exigir la responsabilidad de A o B persona, lo vamos a hacer, posterior a la resolución de este conflicto”, subrayó.

Sobre el punto, agregó que, no dará nombres, pero que, los que sean responsables o hayan estado involucrados en alguna cuestión irregular, serán objeto de reclamos y, según indicó, una demanda del Estado paraguayo en contra de los involucrados es una de las opciones.

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