Venancio Díaz Escobar (ANR), exintendente de San Miguel, Misiones.
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Ex intendente “esquiló” a la comuna del Ovecha Rague

Uno de los hechos punibles cometido por la administración de la comuna de San Miguel, donde el faltante supera los G. 17 millones.
Uno de los hechos punibles cometido por la administración de la comuna de San Miguel, donde el faltante supera los G. 17 millones.

La Municipalidad de San Miguel, del departamento de Misiones, caracterizada por la cría de ovejas, y conocida por su festival del “Ovecha Rague”, también se convirtió en un caldo de la corrupción. Según la Contraloría, el ex intendente de la localidad, Venancio Díaz Escobar (ANR), solo en el ejercicio fiscal 2015, a meses de dejar el cargo, “esquilo” (sacó hasta el último pelo) los recursos de la comuna, correspondientes a los recursos del Fonacide, por una suma la suma de G. 54.231.740.

SAN MIGUEL, Dpto. de Misiones.- Este distrito se encuentra a 178 kilómetros de la capital del país, Asunción, cuenta con una población aproximada de 6.000 habitantes y sus principales actividades se enmarcan en la producción ganadera, tanto vacuna como ovina, artesanal en lana y cuero, agrícola. También sus habitantes se dedican a la cría de animales menores para el auto consumo y la venta en menor escala.

Sin embargo, el despegue del distrito también se ve oscurecido por la corrupción, según dan cuenta en el informe de la Contraloría, sobre la gestión del ex intendente Díaz Escobar, en especial en la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). El organismo superior de control realizó una verificación técnica “in situ” de las obras ejecutadas y en ejecución con fondos en el ejercicio fiscal 2015 y denunció ante la Fiscalía cuatro hechos punibles, donde el daño patrimonial alcanza la suma de G. 54.231.740.

Los datos revelan que el 28 de julio de 2015, la Municipalidad contrató a la firma “AB Construcciones”, representada por Aníbal Benítez Román, con CI N° 2.460.367, para la ejecución de los trabajos de “construcción de aula para Inicial en la Escuela Básica Nº 5334 Hna. María Mercedes Mainero de Jhugua-Arazapé”, por la suma de G. 120.277.530.

Conforme con las tareas de verificación “in situ” (inspección ocular y física de las obras), y análisis de documentos proveídos por la Municipalidad, los auditores de la Contraloría detectaron que la deficiente fiscalización de las obras encaradas con recursos del Fonacide durante el ejercicio fiscal 2015, ha permitido el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas, que ponen en riesgo la seguridad de las obras y ocasionaron el pago de rubros cuyo valor es inferior al especificado. Igualmente, constataron diferencias entre las cantidades de obras pagadas y las realmente ejecutadas, lo que sumado a los incumplimientos de especificaciones técnicas han ocasionando un pago en más en contra de los intereses de la comuna.

Estos incumplimientos de las condiciones contractuales derivan en un perjuicio patrimonial de G. 17.700.353.

Pero además de esto la Contraloría denunció, ante la Fiscalía,  otros tres hechos punibles cometidos por la administración municipal.

BAÑOS SOBREFACTURADOS POR MÁS DE G. 15 MILLONES

La Contraloría destaca en su informe que el 27 de agosto de 2015, la Municipalidad local contrató a la firma “Torres Linares Ingeniería”, representada por  Hugo A. Torres Linares, para la ejecución de los trabajos de “construcción de baño sexado en el Colegio Nacional de Ysypo”, por la suma de G. 79.991.540.

Pero, según los auditores de la Contraloría, tras tareas de verificación “in situ” (inspección ocular y física de las obras), y análisis de documentos proveídos por la Municipalidad, llegaron a la conclusión que la deficiente fiscalización de las obras encaradas con los recursos del Fonacide durante el ejercicio fiscal 2015, ha permitido el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas, que ponen en riesgo la seguridad de las obras y ocasionaron el pago de rubros cuyo valor es inferior al especificado. Posteriormente, comprobaron que existen diferencias entre las cantidades de obras pagadas y las realmente ejecutadas, lo que sumado a los incumplimientos de especificaciones técnicas han ocasionado un pago más en contra de los intereses de la Municipalidad de San Miguel.

Estos incumplimientos de las condiciones contractuales derivan en un perjuicio patrimonial de G. 15.864.738, a las arcas de la Municipalidad.

UN FESTÍN CON LOS  RECURSOS PÚBLICOS

Según la Contraloría, el 7 de mayo de 2015 la Municipalidad local contrató a la firma “Materiales de Construcción San Miguel”, representada por Miguel Ángel Ramírez Godoy, con CI N° 868.370, para la ejecución de los trabajos de “Construcción de baño sexado en el Colegio Nacional Mons. Gabino Rojas de Arazapé, por la suma de G. 70.854.640.

Los auditores del ente de control expresan que conforme a tareas de verificación “in situ” (inspección ocular y física de las obras), y análisis de documentos descubrieron que la deficiente fiscalización ponen en riesgo la seguridad de las obras y ocasionaron el pago de rubros cuyo valor es inferior al especificado. Además, existen diferencias entre las cantidades de obras pagadas y las realmente ejecutadas, lo que  ha ocasionado un pago demás en contra de los intereses de la Municipalidad. Igualmente, la obra tuvo un considerable atraso de 108 días y la administración no aplicó la multa correspondiente. Estos incumplimientos de las condiciones contractuales derivan en un perjuicio patrimonial de G. 12.200.545, a la Municipalidad.

SANITARIOS RESULTARON UN BUEN NEGOCIO

El 7 de mayo de 2015, la Municipalidad de San Miguel contrató a la firma “Gama Construcciones”, representada por Gabriel Arístides Medina Aquino, para la ejecución de los trabajos de “Construcción de Baño sexado en la Escuela Básica Nº 5331 San Rafael Arcángel de Ysypo Potrero, por la suma de G. 32.880.650.

Conforme con tareas de verificación “in situ” (inspección ocular y física de las obras), y análisis de documentos proveídos por la Municipalidad, los auditores detectaron pago de rubros cuyo valor es inferior a especificado, diferencias entre las cantidades de obras pagadas y la realmente ejecutadas, entre otras irregularidades. Los especialistas señalan que estas anomalías derivan a un perjuicio patrimonial de G. 8.466.104, provocado por la administración del ejercicio fiscal auditado, es decir 2015.

Denuncia presentada por la Contraloría, ante la fiscalía por el faltante de G. 54231840 en la municipalidad de San Miguel.
Denuncia presentada por la Contraloría, ante la fiscalía por el faltante de G. 54231840 en la municipalidad de San Miguel.

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