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Exigen a telefónicas no marginar a no oyentes

Óscar Tuma (ANR), ex diputado.

ASUNCIÓN.- Las empresas telefónicas tendrán que adecuar sus aparatos celulares para las personas con discapacidad auditiva, de acuerdo al proyecto presentado por el colorado Óscar Tuma. La intención es que estas personas no queden marginadas y al margen de los avances tecnológico que existe en el ramo de las comunicaciones.

El Proyecto de Ley “Que establece la obligación a los prestadores del servicio de telefonía móvil de la comercialización de equipos compatibles con órtesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas” será tratado en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados.

El documento presentado por Tuma busca resguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad auditiva, así como evitar que este sector de la sociedad quede al margen de los servicios básicos tecnológicos usados en la actualidad.

En la exposición de motivos se señala que el problema radica en que si los teléfonos celulares no son compatibles con los audífonos, cuando la persona discapacitada quiere escuchar, utilizando de manera combinada los dos aparatos (celular – audífono), se produce una interferencia que hace imposible la conversación.

“Es así como el proyecto se inscribe dentro del marco general de reconocimiento y ampliación de derechos que el Gobierno Nacional ha impulsado últimamente, en especial, en la búsqueda de asegurar la inclusión social, laboral y económica como ciudadanos de pleno derecho a las personas con discapacidad, en este caso auditiva, trabajando desde parámetros de diseño y modelos a fin de que la accesibilidad a los mismos sea práctica, económica y universal”, explicó el legislador proyectista, igualmente.

El proyecto pretende exigir a los prestadores del servicio de telefonía móvil, comercializar equipos compatibles con órtesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas y que los precios no sean superiores a los equipos del mismo rango, pero sin dicha tecnología.

Se establece como autoridad de aplicación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).

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