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BUENOS AIRES. Argentina sigue conmocionada –y desconcertada– con el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner y arrepentido, –en rigor “imputado colaborador”–, que declaró en contra de la actual vicepresidenta en la causa de “los cuadernos de las coimas” (sobornos), principal investigación judicial de corrupción del poder en democracia.
La oposición exigió que el crimen pase a la justicia Federal y tanto el juez local, Carlos Narvarte, como la fiscal Natalia Mercado (hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner) queden al margen de la investigación. El Gobierno rechazó las hipótesis que vinculan a la vicepresidenta de Alberto Fernández y madre del diputado Máximo Kirchner, con la muerte de Gutiérrez y calificó de “repulsiva” la nota pública de la coalición Juntos por el Cambio.
La oposición se resiste a que se repitan los mismos errores que se registraron en la muerte – asesinato según informe de Gendarmería– del fiscal Alberto Nisman en vísperas de explicar en el Congreso su denuncia contra la por entonces presidenta. Esa, “las posibles conexiones de su muerte con delitos federales” (la causa de los cuadernos), y la desconfianza hacia el Ejecutivo y las autoridades de la provincia de Santa Cruz, feudo kirchnerista desde principios de los años 90, son las razones que empujan a los opositores a exigir el cambio de fuero.
Como primera medida, exigen “que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso”. En un comunicado, firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio, la exministra Patricia Bullrich y Federico Angelini (Pro), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR), y Maximiliano Ferrero y Mariana Zuvic (Coalición Cívica) consideran el asesinato de Gutiérrez “un crimen de extrema gravedad institucional” y advierten: “La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin pruebas, algunas hipótesis sobre el motivo del asesinato”, en alusión a que el juez dijo que “no tiene nada que ver con una cuestión política” y apuntó a la teoría del crimen pasional, con chantaje incluido, según confesión de los presuntos autores. Dicho esto, añaden, “el juez, la fiscal y las fuerzas policiales, responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz”. (Con información de agencias internacionales)
