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José María Aznar (España), Álvaro Uribe (Colombia), Felipe Calderón (México) y Sebastián Piñera (Chile) se encuentran entre los firmantes del texto, que insistieron sobre la necesidad de que se liberen a los presos políticos en Venezuela, antes de discutir con el régimen de Nicolás Maduro. Pidieron a la OEA que sugiera “alternativas inmediatas para el restablecimiento inmediato del hilo democrático”.
BOGOTÁ.- Los exjefes de Estado y de gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado donde expresaron su opinión sobre la situación del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.
“Declaramos nuestra convicción en cuanto a que el diálogo como formalidad y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su esencia, que no es ni puede ser otra que el fortalecimiento de la libertad: sea la libertad del pueblo para decidir soberanamente sobre su destino, sea –en el caso– la libertad de quienes son víctimas de persecuciones o prisión por sus ideas”, expresa el informe.
Asimismo, en el documento piden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que provea un informe sobre el estado de las negociaciones y la “sugerencia de alternativas inmediatas que contribuyan al restablecimiento inmediato del hilo democrático en el país”.
DECLARACIÓN SOBRE EL DIÁLOGO EN VENEZUELA
Los exjefes de Estado y de gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) sobre Venezuela, saludamos a su pueblo con motivo de celebrar, el próximo 6 de diciembre, el primer año de haber expresado, mediante el voto, su insobornable voluntad de cambio en democracia y de otorgar un mandato claro, al efecto, a las fuerzas de oposición al régimen de Nicolás Maduro Moros representadas en la Asamblea Nacional elegida en memorable y similar día.
Tenemos presente, como lo manifestáramos preocupados en nuestra declaración del 13 de mayo pasado, el acuerdo luego dictado por la Asamblea Nacional electa y ya en ejercicio, adoptado el día 10 de mayo anterior, mediante el que denuncian ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura del orden constitucional y democrático”, al decidir el presidente de la República gobernar por decreto, y en colusión con el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por éste, hacer declarar inconstitucionales todas las leyes aprobadas por dicha Asamblea para no ejecutarlas.
