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Extitular del Indert “sembró” 2.000 millones en su bolsillo

Luis Ortigoza, extitular del Indert.
Luis Ortigoza, extitular del Indert.

La Contraloría General de la República, denunció ante la Fiscalía un daño patrimonial de G. 2.000 millones en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), durante el gobierno de Fernando Lugo, actual senador de la Nación y la administración del ente agrario de Luis Ortigosa. Es referente al negociado en la compra de semillas de la Asociación  de Protección y Promoción de la Naturaleza Yvy Rory.

ASUNCIÓN.-  La Contraloría señala en su informe enviado a la Fiscalía General del Estado que en el mes de febrero de 2012, la Asociación de Protección y Promoción de la Naturaleza Yvy Rory presentó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) el proyecto denominado “Producción de Granos de Autoconsumo” para familias campesinas afectadas por la prolongada sequia, por la suma de G. 4.000.000.000. El propósito era minimizar el impacto de la baja producción de alimentos, para lo cual suscribieron un Convenio, transfiriéndose en el mismo mes la suma mencionada,  pese a que la Asociación no tenía experiencia suficiente para este tipo de emprendimientos.

Denuncia presentada por la Contraloría, ante la Fiscalía en octubre del año pasado.
Denuncia presentada por la Contraloría, ante la Fiscalía en octubre del año pasado.

El referido convenio, según el ente de control, establecía la entrega de kits de semillas de autoconsumo de maíz tupi y poroto y/o habilla a familias campesinas a través de organizaciones, tales como, OLT, MCNOC, CENOCIT, MAP y MTR. Asimismo, el convenio mencionaba la participación del SENAVE, Institución que se encargaría de la fiscalización y daría un informe pormenorizado de los lotes habilitados de semillas de autoconsumo y del MAG como organismo coordinador de las acciones dispuestas en el Decreto N° 8.282/12 de emergencia alimentaria. Además la referida cartera estatal es el encargado de identificar a los beneficiarios finales de las semillas, de la distribución por departamento a través de las organizaciones involucradas y del seguimiento del proyecto a través de técnicos acreditados a través del Programa de Fomento de Producción de Alimentos para la Agricultura Familiar (PPA), siendo estos compromisos negados por el MAG, tanto en respuestas dadas mediante entrevistas, como en informes suministrados a la Contraloría.

ADJUDICACIÓN APARENTEMENTE AMAÑADA

Estos fondos fueron utilizados por la Asociación Yvy Rory para pago de supuestos servicios de consultoría y asesoramiento técnico por la suma de G. 333.849.600, abonados a la firma ALCA (Alimentos del Campo y Asesoramiento Empresarial), de propiedad de Sergio Fabián Rodas Franco y para la compra de semillas por valor de G. 3.666.150.400, de la empresa Local S.A., que a su vez subcontrató la compra y entrega de las semillas a las empresas Agromaq, de Ronald H. Guerrero, Agro Industrial y Comercial del Sur S.R.L., Mario Comercial S.A. (MC Group) y Alka (Alimentos del Campo y Asistencia Técnica), de Miguel M. Cabral.

Por otra parte, según los documentos suministrados por la Asociación Yvy Rory la empresa Local S.A. fue seleccionada a través de un supuesto proceso de adjudicación, el cual se encontraba aparentemente amañado y preparado desde un principio.

MAÍZ TUPÍ Y POROTO, CON PRECIOS “INFLADOS

Según la información obtenida por la Contraloría de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, la Cooperativa Ycuá Bolaños Ltda. y del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sobre los precios de venta de los productos ofertados en la época de la contratación de referencia había irregularidades. En ese sentido los auditores encontraron que los precios de mercado de las semillas de autoconsumo de similares características a las entregadas a los beneficiarios finales por las empresas subcontratadas por la firma Local S.A., contratada directa de la Asociación “Yvy Rory”, presentan una notable diferencia de precios.

La diferencia existente entre los precios de las semillas de maíz tupí y poroto adquiridos por la Asociación Yvy Rory de Local S.A. y los precios promedios de mercado que regían en ese periodo de tiempo para tales productos, habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.831.354.624. Es decir, los responsables de la Asociación habrían desembolsado los fondos recibidos del Indert en concepto de pago por la compra de semillas por un monto superior a lo efectivamente comercializado en el mercado.

MILLONARIOS PAGOS POR TRABAJOS “FANTASMAS”

El informe de la Contraloría General de la República destaca que  se realizaron pagos por obras fantasmas en la era Luis Ortigoza, en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Abonaron por servicios de consultoría y asesoramiento técnico (verificación de lotes de semillas, determinación de la cantidad y lugar de distribución de semillas).

Al respecto, se confirma que la verificación de lotes fue realizado por el SENAVE y que la distribución se realizó en base a listados proveídos por el MAG. Asimismo, según entrevistas realizado a técnicos del MAG y beneficiarios finales de las semillas, los mismos desconocen la realización de trabajos ejecutado por esta empresa, ni por ninguna otra, abonándose por estos supuestos servicios la suma de G. 333.849.600, totalizando de esta manera un presunto perjuicio patrimonial por valor de G. 2.165.204.224.

Además de lo ya mencionado en este caso, resulta altamente llamativo los siguientes hechos:

Las autoridades del Indert conocían desde un principio el costo de las semillas y el monto de los costos administrativos, puesto que los mismos ya estaban consignados tanto en la propuesta de la Asociación, como en el convenio firmado posteriormente.

Según la Contraloría tanto el costo de las semillas, como los gastos administrativos en los mencionados documentos (Propuesta de la Asociación y Convenio), coinciden de forma exacta con el costo adjudicado de forma posterior por la Asociación a las empresas Local S.A. y ALCA, los cuales la Asociación comunicó que surgieron de un supuesto proceso de adjudicación, del cual participaron tres empresas.

Reporte de hecho punible de la Contraloría donde se destaca un daño patrimonial superior a los G. 2.000 millones.
Reporte de hecho punible de la Contraloría donde se destaca un daño patrimonial superior a los G. 2.000 millones.

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