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El constitucionalista, exsenador, expresidente del Congreso Evelio Fernández Arévalos, dijo recientemente que la senaduría vitalicia no es obligatoria y que un expresidente puede renunciar a ella. Sin embargo, María Elena Wapenka, miembro del TSJE, aseguró que, por el contrario, el vitaliciado es imperativo según lo decidido en la Constituyente de 1991.
No es extraño que 2 personas, supuestamente ambas entendidas en el tema, tengan posturas diferentes. Es sabido que cada medio de comunicación tiene su “todólogo” que interpreta la Constitución y las leyes de acuerdo a lo que conviene al dueño del mismo. Sin embargo, lo menos que se espera es que los expertos de cada sector tengan una preparación, y, sobre todo, trayectoria, más o menos igual para que ambos pudieran ser lo suficientemente creíbles para la ciudadanía.
Pero poner al mismo nivel a un señor como Fernández Arévalos y a Wapenka es hasta una bofetada al buen gusto y la racionalidad. Resulta que él no solamente es constitucionalista, fue miembro de la Convención Nacional Constituyente y de la comisión redactora de la misma, que sancionó la Constitución Nacional en 1991. Fue presidente del Senado y el Poder Legislativo a nivel nacional, y en el ámbito internacional llegó a ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ella tiene varios títulos, abogada, notaria, pedagoga, pero su logro mayor fue conseguir llegar al Tribunal Superior de Justicia Electoral por un cupo político. Y allí está, aferrada con uñas y dientes. No es constitucionalista, así que es muy poco creíble cuando habla de la Constitución, y mucho más cuando se refiere a la Constituyente.
Pero hay una diferencia mucho más profunda entre ambos. Fernández Arévalos transitó por los cargos públicos sin ensuciarse y sin que hubiera una sola denuncia en contra suya. Fue muy popular el hecho de que, cuando era presidente del Legislativo, llegaba a hacer oficina en su mismo vehículo de siempre, un viejo escarabajo, demostrando su honestidad a rajatabla.
Wapenka tiene en su haber numerosas denuncias por planillerismo, corrupción y negociados con viáticos. Si hasta ahora no fue imputada por ningún fiscal, es por la excesiva complacencia que parece tener el Ministerio Público con los miembros del TSJE.
Algunos dirán que el tema de la senaduría vitalicia no tiene que ver con la trayectoria de los “opinólogos”. ¡Por supuesto que tiene mucho que ver! Uno puede confiar en la opinión de quien es creíble porque su preparación y su trayectoria lo demuestran. Pero no tiene por qué confiar en una persona oportunista y posiblemente venal. Si mintió en su rendición de gastos de viáticos, por qué no puede mentir en su interpretación constitucional, para favorecer a quien, posiblemente, le da algún “premio” por pensar igual que él.
La ética no tiene por qué estar reñida con el ejercicio de la política y la interpretación de las leyes. El día que la prensa lo entienda así y empiece a tener en cuenta la hoja de vida de sus entrevistados, posiblemente pudiéramos iniciar el camino para liberarnos de esos lastres que hoy piensan que son intocables.