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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- La Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, a cargo de la agente fiscal Nilsa Torales, formuló acusación contra un hombre que habría golpeado brutalmente a su concubina embarazada, hasta el punto de ocasionarle un aborto.
El acusado está identificado como Leonardo Peña Cáceres, quien soporta cargos por Violencia Familiar y Aborto. El mismo se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Alto Paraná. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo de Amílcar Antonio Marecos.
Según los antecedentes, la agresión física se produjo el 23 de setiembre de 2018, en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 4,5 del barrio Che La Reina de Ciudad del Este, siendo víctima Antonia Segovia Rotela. En aquella oportunidad, el hombre llegó a la medianoche a su casa y quiso mantener relaciones sexuales con su pareja, quien se negó, atendiendo que sentía malestares por su estado de gestación.
A raíz de la negativa, el acusado comenzó a agredir físicamente a la mujer con golpes de puño en el rostro, brazos e incluso patadas por las piernas, provocándole hematomas en dichas zonas. Al día siguiente, la víctima y su familia fueron hasta un arroyo ubicado en las inmediaciones de su casa. En el lugar, en un momento dado, Leonardo Peña agarró del cabello a la afectada y la metió bajo el agua con la intención de ahogarla, en presencia de sus hijos menores, repitiendo esto en varias oportunidades.
En su intención de defenderse, Antonia tomó de sus miembros sexuales al agresor. Ya fuera del agua, éste muy ofuscado reaccionó violentamente, aplicando patadas en las piernas y el vientre a la víctima, quien sufrió diversas lesiones. Luego, la embarazada fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se confirmó que sufrió un aborto por los golpes recibidos.
Tras la denuncia, la fiscal Nilsa Torales inició el proceso penal contra Leonardo Peña Cáceres y ahora formuló la acusación correspondiente. “La atribución fiscal se funda en la existencia de suficiente material probatorio que dan cuenta la participación directa del acusado en la comisión de los hechos punibles investigados”, refiere el escrito de acusación. La representante del Ministerio Público igualmente requirió la elevación de la causa a juicio oral.
