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El fiscal Enrique Gómez Ruíz pidió desestimar la denuncia contra el anterior intendente de Hernandarias, Mario Castillo (PLRA), por el presunto delito de lesión de confianza. La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal, Rubén Rojas, luego de que una auditoría externa, revelara un faltante de más de 51.000 millones de guaraníes de las arcas municipales, en diferentes conceptos. La resolución de esta causa ahora está en manos del juez de garantías, Silvio Rubén Rojas.
HERNANDARIAS.- En junio de 2016 se realizó la citada denuncia contra la administración de Mario Castillo (2011-2015) que también afectó a Erico Agüero, quien completó el mandato, ya que Castillo renunció en busca del “rekutu”, perdiendo luego en las elecciones municipales generales, justamente contra Rojas (ANR) en noviembre de 2015.
Luego de que Rubén Rojas asumiera el cargo, se encontraron con una administración prácticamente en ruinas. Por eso, se solicitó una auditoría externa, que al cabo de unos meses, detectó un faltante de más de 51.000 millones de guaraníes de las arcas municipales, en diferentes conceptos. Entre los cuales resaltaron en aquella oportunidad, faltantes de constancias bancarias por unos G. 1.300 millones de los ingresos comunales. También sobrefacturación de capa asfáltica de la avenida Las Acacias, y, la supuesta compra irregular de un terreno de 11 hectáreas destinado para el vertedero municipal. Esto se realizó por G. 1.856 millones, cuando el valor real no supera los 1.040 millones, indicaba el resultado de la auditoría. De la misma forma, según la denuncia, los fondos provenientes de los Royalties y Fonacide, también fueron utilizados ilegalmente para cubrir otros gastos. Como así también se encontraron obras inexistentes, en especial empedrados.
La causa había recaído primeramente en la unidad del fiscal Alfredo Acosta Heyn, pero luego fue derivada a Enrique Gómez Ruíz, quien en mayo pasado remitió los resultados de la investigación al juez Silvio Rubén Rojas, solicitando la desestimación de la denuncia sobre posible lesión de confianza, que no fue detectada por el fiscal, según alegó.
Días después, el citado magistrado solicitó la ratificación o rectificación del dictamen del representante del Ministerio Público, quien mantuvo el pedido de “liberar” de culpa a Castillo. La causa ahora está en manos del citado magistrado, quien deberá resolver la situación, haciendo lugar a la desestimación o darle trámite de oposición.
