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Fiscalía imputa a tres empleados de telefónica por robo de 154 equipos de alta gama y perjuicio de G 800 millones

CIUDAD DEL ESTE. El Ministerio Público divulgó que la fiscal Vanesa Candia imputó por los supuestos hechos punibles de Apropiación y Estafa Mediante Sistema Informático a Gustavo Daniel León Lugo (33), Gustavo Darío Adorno Benítez (31) y María José Aranda Gómez (25), todos ellos funcionarios de una empresa de telefonía.

La investigación detectó que, presuntamente, los ahora imputados retiraron mediante trámites engañosos 154 equipos de alta gama, (Samsung S10, Samsung S10 Plus, Iphone XR), para supuestamente entregarlos a clientes. El perjuicio se estima inicialmente en 800 millones de guaraníes.

Los tres imputados se desempeñaban como empleados de la sucursal de la firma Tigo, en esta capital departamental, y desde mediados de 2019 habrían realizado “manipulación de información contenida en el sistema informático de la referida organización empresarial”.

“Mediante la utilización de datos falsos, los hoy encausados tramitaban supuestamente la obtención de equipos telefónicos de última generación, con costo cero a varios abonados de la firma, que eran elegibles acorde a ciertos criterios establecidos con anterioridad entre Tigo y su clientela”, ampliaron.

“Los hoy procesados realizaban presuntamente las gestiones falsas a nombres de los abonados e ingresaban solicitudes apócrifas al sistema informático (…) Conseguían las autorizaciones correspondientes y retiraban los equipos, con los cuales se quedaban y no hacían llegar a los clientes, a quienes realmente correspondían retirar esos aparatos”, añadieron las autoridades.

Se presume que los empleados en cuestión consideraban que las operaciones “iban bien” y que nunca sería detectadas, hasta que desde la empresa Coopasam, a cuyo nombre se retiraron varios teléfonos que nunca  fueron entregados, presentaron un reclamo.

La fiscal Vanesa Candia requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para León Lugo, Adorno Benítez y Aranda Gómez, atendiendo que los hechos presuntamente cometidos constituyen delitos, finaliza la divulgación.

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