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ASUNCIÓN.- El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General, Armindo Torres, señaló que, de 600 últimas declaraciones de funcionarios, muchos están bajo lupa por inconsistencias.
El mismo explicó que estas implican datos sobre bienes que declararon personas que ocupan y ocuparon cargos en instituciones públicas.
“Hay muchos casos de inconsistencias de funcionarios que se está analizando. Si se confirman serán derivados los casos a instancias competentes”, explicó Torres a la emisora 730 AM.
Indicó que en la actualidad son 10 mil expedientes personales que se están procesando en Contraloría. Y que la proyección inicial de 150 mil no será posible, en razón del elevado número de funcionarios que no llegaron a presentar declaraciones.
“Uno de estos casos es el de los concejales, que hasta el 2013 según la legislación, estaban obligados a presentar declaraciones juradas, pero que sin embargo no se contemplaban penas si no lo hacían”, agregó.
Sobre la lentitud para alzar los informes a la página web de la Contraloría, Torres manifestó que la infraestructura tecnológica está desfasada para hacerlo más ágil.
Ejemplificó el caso de Chile, en donde el proceso lleva dos minutos, en nuestro país se toma un tiempo de 4 meses.
