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La denuncia penal por el caso de la estación de servicios con problemas de agresión al medio ambiente encierra dos objetivos bien definidos por la administración actual de Petropar, esta vez con fuerte apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El primero es acabar de una buena vez con la red de operadores creada por la administración anterior cuyos fines fueron sociales y el de ocultar sobre costos utilizados para la reparación de la fuga de combustibles. El problema surgió en noviembre, bajo administración de Patricia Samudio. Esta es una irregularidad que tampoco “descubrió” la auditoría de Carlos Arregui.
ASUNCIÓN.- La denuncia penal que inició Patricia Samudio contra una estación de servicios de la compañía petrolera bajo supuesta agresión al medio ambiente en realidad tiene dos objetivos encubiertos. Destruir la red de operadores que durante cuatro años anteriores mantuvo a raya a las empresas oligopólicas con la regulación de precios competitivos y el segundo, no menos importante, disfrazar posible sobrefacturación en la reparación de la misma estación.
Petropar presentó una denuncia ante la Fiscalía por daño patrimonial y grave daño ecológico de la estación de servicio en Ñu Guasu, por el derrame de litros de combustible que aparentemente fue a parar al arroyo Itay.
En esta nueva aventura de Samudio ahora recibe el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuya titular Liz Cramer nunca apareció durante el tiempo que se iniciaba la ventilación de los casos de irregularidades perpetradas por la ejecutiva de la petrolera.
“El objetivo de fondo no es el medio ambiente sino destruir la red de estaciones con objetivo social del gobierno anterior, esto está muy claro, porque molesta al gremio del cartel de los combustibles, de cual es parte Samudio”, explicó Luis Villamayor, abogado litigante en el caso que se le sigue a la funcionaria en la Fiscalía.
Señaló que el otro objetivo es “encubrir los costos muy elevado de las reparaciones de estación de servicios, acá no importa el medio ambiente, acá es dinero” y agregó que “la denuncia que hizo Samudio es para cubrir que la reparación de la estación de servicios; sale G. 5.800.000.000 que se divide en G. 3.000.000.000 para reparar la estación y G. 2.800.000.000 para solucionar daños ambientales. Hacer la estación de servicios costó G. 3.600.000.000”, dijo el profesional.
En cuanto al seguimiento que hizo la auditoría ordenada por el presidente Mario Abdo Benítez, realizada por Carlos Arregui, apuntó el abogado que “no entiendo como este problema que ocurrió en noviembre no esté asentado en su informe, todavía no queda claro que metodología de investigación utilizó el auditor”.
MÁS PRUEBAS
La obsesión de la titular del ente de liberar nuevamente el terreno de acción para los emblemas privados le lleva a decidir acciones sin un mínimo argumento que no sea fundamentada en la impunidad. Sobre este punto Villamayor apuntó, “por qué se cerró la nueva estación Petropar que está ubicada sobre la nueva carretera Ñu Guasu?, ¿A qué otra estación le estaba haciendo sombra?, ¿Los intereses de quién se están resguardando?
Además de la boca de expendio de Petropar están sobre esa vía de acceso a la capital están, Puma Energy (Patricia Samudio tiene intereses en esta empresa) y Petrobras, del grupo Zapag.
