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CORPUS CHRISTI. El dictamen de infracción gravísima y resolución de pago de multa, más recomposición del daño, por deforestación de 600 Ha de reserva forestal resuelta por el Ministerio del Ambiente (MADES) contra la ganadera y agrícola Palmeira SA duerme en la Fiscalía de Delitos Ambientales. Por alguna razón, aquí se la habría cajoneado, beneficiando así directamente a los propietarios de la empresa y responsables del daño ecoambiental, José Luis Manzoni Wasmosy y Marta María Manzoni Real.
La citada empresa ya había comenzado el desmonte del área señalada en el 2003 y si bien presentaron un informe en el 2017, se constató que hubo un ocultamiento de datos, hecho que también fue investigado en el MADES. Todos estos son hechos punibles tipificados en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos.
A raíz de esta situación, el MADES multó en 20.000 jornales (G 1.686 millones aproximadamente) a Palmeira S.A. La resolución fue adoptada el 10 de diciembre del año pasado y notificada a la señala división del Ministerio Público, pero, aparentemente, algún “estudio” o “tratamiento” demora la consumación del pago de la multa y el inicio de la reparación del daño en el terreno.
Si bien los afectados “apelaron” la resolución del MADES, se sospecha que, al mismo tiempo, algo más habría ocurrido y de ahí la dilatación de la ejecución de la sanción impuesta.
Imágenes satelitales de la zona dan cuenta con innegable claridad del grave daño ecológico causado por empresa Palmeira S.A. y a partir del comportamiento de la Fiscalía del Medio Ambiente se teme que esto quede impune.
“Es una norma de esta administración que todo cambio de uso del suelo, así como cualquier otro hecho que pudiera ser punible, como el caso de los arroceros, desvío de un arroyo, río, todos estos casos sean derivados al Ministerio Público, principalmente a la Unidad Especializada de Delitos Ambientales”, comentó al respecto el titular del MADES, Ariel Oviedo.
La última movida de Palmeirsa SA, a través de su representante legal, Diego Aguilar, fue un pedido de reconsideración de la multa impuesta.
