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El sector gastronómico cumple con no aceptar como forma de pago las tarjetas de créditos y de débitos Visa ni Mastercard. En ese sentido, según Néstor Filártiga, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), unos 150 locales gastronómicos se adhirieron a la medida de fuerza durante este fin de semana. De esta forma también desafían a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), quien les amenazó con multas que van desde G. 160 mil a G. 4.800.000.
ASUNCIÓN.- Filártiga expresó que la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) tiene una interpretación diferente a la Ley 5.476/15. “Rechazamos categóricamente la calificación de ‘discriminación’, que se le quiere dar a la acción de reclamo”, afirmó.
Manifestó que los asociados al gremio gastronómico tienen todas las facultades de recibir a aquellas tarjetas con las que quieren trabajar y con las que no. Aseveró que en Paraguay el único medio legal de pago es el papel moneda, siendo las tarjetas meramente una alternativa.
Asimismo, criticó la intención de la Sedeco de sancionar a los locales que se sumen a la medida de fuerza, ya que el procedimiento establece que el consumidor es el que deberá hacer la denuncia y de ahí se empieza un sumario administrativo para determinar el pago de una eventual multa.
Cabe recordar que la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), el Grupo 5 y otros locales independientes han decidido no aceptar tarjetas tanto de débitos como de créditos Visa y Mastercard entre ayer y hoy como medida de protesta por los elevados porcentajes de comisión que se llevan las procesadores y que van de 4 al 7 %.
Según el titular de la ARPY, hoy el volumen de transacciones con tarjetas está entre el 70 y 90%, lo cual tiene una incidencia significativa en el estado de resultados. Ratificó que el pedido es que los intereses bajen al 3% para las tarjetas de crédito y 1,5% para las de debito.
Por su parte, el ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, el Abg. Juan Marcelo Estigarribia López, había manifestado que la Ley 5.476 estable las normas de tarjetas de créditos y dentro del artículo 20 están las prohibiciones. “En realidad los comercios lo que no pueden hacer es discriminar, porque pueden afectar a la libre concurrencia. No pueden impedir que los consumidores dejen de utilizar este medio de pago, porque violan los derechos de los usuarios y las multas pueden ir de G. 162 mil a G. 4.800.000”, puntualizó.
Sobre el control a los locales, dijo que “de comprobarse el hecho podrían ser placibles de sumario administrativo y se encuadraría esta conducta en una sanción pecuniaria por violar una ley paraguaya”.
Estigarribia sostuvo que realizarán un operativo de fiscalización en estos lugares y aguardan los reclamos de la ciudadanía. “Nosotros queremos reclamos responsables por parte de las personas. Haremos un operativo de dos días en la ciudad de Asunción y actuaremos de oficio”, explicó.
¿A QUIÉN DEFIENDE LA SEDECO?
El ministro secretario Ejecutivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), el Abg. Juan Marcelo Estigarribia López, sostuvo que el problema con respecto a las tarjetas de créditos se da entre los proveedores que son los restaurantes con las empresas emisoras del plástico Visa y Mastercar. “Lastimosamente metieron en el medio a los consumidores y toman esta medidas, que en cierta forma violan los derechos los usuarios, por lo que tenemos que interceder”, refirió.
Indicó que la legislación le permite a la Sedeco a cerrar o multar las empresas que cometen infracciones. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no impulsaron todavía el cierre de ningún local, pero si multas. “La multa más alta desde que yo asumí fue de 300 jornales (G. 81 por jornal) y le aplicamos a una empresa de telefonía, que alcanzan alrededor de G. 24 millones”, sostuvo.
Agregó que aunque no le afectó económicamente a la empresa, pero si en el aspecto de la imagen y la reputación.
Entre las funciones de SEDECO citó: formular, realizar y fomentar programas de educación e información al consumidor, a través de medios masivos de comunicación, y de otros mecanismos disponibles; recibir y dar curso a las inquietudes, reclamos y denuncias de los consumidores; disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta Ley. Asimismo, solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas con relación a las normas de protección del consumidor y el usuario; disponer de oficio o a requerimiento de parte, la celebración de audiencias con la participación de denunciantes, damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos, debiendo actuar previamente como conciliador, tratando de avenir a las partes; entre otros.
