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Desde la revolución francesa, en adelante, el principio de la resistencia a la opresión por parte de los pueblos se halla establecido implícita o explicitamente en el sistema constitucional. Y no solo como principio. En muchos casos, se tradujo en el derecho a la rebelión en defensa del orden constitucional, cuando éste fuera alterado por la fuerza, como ocurrió en ciertos pasajes de la historia, sobre todo de América Latina, donde las dictaduras gobernaron a sangre y fuego por largas décadas.
Las conocimos y, en el caso paraguayo, la padecimos bastante más que otros, por lo que corresponde ponerle freno a los que hoy difundensin rigor alguno, ni político, ni histórico, el cuento del “quiebre del Estado de Derecho”, el “golpe parlamentario” y, más grave aún, llamados sistemáticos a “resistir por todos los medios”, incluyendo desde luego la violencia, a los que ellos califican de “golpistas”.
Los grupos mediáticos más poderosos de nuestro país, capitaneados por Zuccolillo y Vierci, así como los políticos que responden a sus mandatos, léase Efraín, “Marito” y compañía, insisten hasta el hartazgo que en el Paraguay están reunidos los requisitos (sin decir cuáles) para que los ciudadanos se acojan al artículo 138 de la CN, que autoriza “resistir a los usurpadores por todos los medios”. Y llegan a esa conclusión en base a premisas que a la comunidad internacional o a constitucionalistas y periodista de otros países arrancaría ataques de risa. ¿Cuáles? El cambio de reglamento de una cámara del Congreso, adoptada por la mayoría de sus miembros, y la media sanción de la enmienda de la Constitución, para poner a consideración de todos los electores, referéndum mediante, la propuesta de instituir la figura de la reelección. Un “golpe” que, en verdad, no tiene antecedentes ni en el Paraguay ni en ningún rincón del planeta.
Parece mentira que un derecho sagrado, como el de la rebelión, pueda ser manipulado de manera tan grosera e irresponsable. Pero lo fue. Y sobre esos irracionales argumentos montaron una salvaje campaña mediática y política que desembocó en los sucesos del 31 de marzo, en el incendio del Congreso por ellos provocado, los destrozos en el microcentro capitalino y la espiral de violencia de la que finalmente resultó víctima el joven Rodrigo Quintana, cuyos responsables deben ser ejemplarmente castigados.
Ni ABC, ni Última Hora, ni sus peones políticos podrán encontrar en la Constitución alguna referencia, aunque sea de paso, que avale su prédica violenta. El art. 138 habla de derecho a resistir a los usurpadores, pero si apelan a eso deben explicar, con algo de seriedad, ¿Dónde está o están éstos?, ¿Quién o quiénes usurpan hoy alguna función que no les compete y a quién o quiénes se la arrebataron? Pero mucho más importante, ¿En qué hechos concretos de la vida del país se manifiesta lo que ellos califican de “dictadura”?
A estos señores les “recordamos” que durante el stronismo, al igual que en todas las dictaduras de América Latina, las libertades públicas eran inexistentes; no se podían formar partidos políticos opositores, ni sindicatos, ni organizaciones campesinas; tampoco existía la menor posibilidad de ejercer la libertad de expresión, ni hablar de manifestación o de prensa. Y quienes reclamaban alguno de esos derechos eran apresados, torturados, exiliados o directamente asesinados.
Pero vayamos a ejemplos más actuales, como la tragedia que están viviendo los hermanos venezolanos. En Venezuela, si te manifestás, las fuerzas del régimen te muelen a palos y sus bandas paramilitares tienen visto bueno para matarte, en nuestro país ese derecho se ejerce a plenitud, hasta si se quiere abusivamente, perjudicando a terceros. En Venezuela los líderes opositores están presos o proscriptos por el gobierno, en nuestro país hacen y dicen lo que quieren, incluyendo el llamado a tumbar de manera inconstitucional al gobierno. En Venezuela, Nicolás Maduro suprimió, en los hechos, al Parlamento, aquí desde el Legislativo se rechazaron y boicotearon los principales proyectos del Ejecutivo. En Venezuela se clausuraron los medios críticos al oficialismo, en el nuestro propician abiertamente la caída del gobierno. En Venezuela, el “chavismo” evita por la fuerza el llamado a elecciones, aquí el “cartismo” es el que la promueve y quienes la rechazan son los que dicen ser demócratas.
Por último, aunque podríamos seguir largamente con otros ejemplos, en Venezuela el pueblo sí tiene derecho a la rebelión contra Maduro, sin ninguna duda, como teníamos los paraguayos contra Stroessner, los argentinos contra Videla o los chilenos contra Pinochet.
Esos son casos reales de “usurpadores” del poder a los que hace referencia nuestra Constitución, al igual que la venezolana, cuyo origen histórico está en el derecho a la insurrección plasmado en la teoría de John Locke y en la Constitución francesa de 1793, en el último artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que calificaba a la rebelión como “el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
Se impone, pues, que los promotores de la violencia paren de distorsionar de manera tan inescrupulosa esa facultad ciudadana, en honor a más de 200 años de historia política y constitucional de las democracias y por respeto a nuestro pueblo que se merece vivir en paz.