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La mayoría de las bancadas de la Cámara de Diputados estarían de acuerdo con desaforar al contralor general del Estado, Enrique García, aunque algunos cuestionan el procedimiento utilizado ya que, hasta ahora, solamente los legisladores eran los que estaban sometidos a perder sus fueros durante una investigación judicial. Sin embargo, el presidente de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa, dijo que se actuó correctamente.
ASUNCIÓN.- Mientras García se defiende como gato panza arriba, desafiando a la Fiscalía a que presente pruebas en su contra, en la Cámara de Diputados parece haber una clara mayoría a favor de su desafuero, figura esta que, hasta ahora, había sido utilizada solamente para legisladores que eran investigados por la Justicia.
De hecho, al no pertenecer él a ninguna cámara, pareciera ser que Diputados es la que trata el tema porque el intento, en realidad, podría concluir en un juicio político, para lo cual sí están facultadas las cámaras del Congreso.
Pero Romero Roa dijo que la cámara tiene la facultad de desaforar al contralor, y es lo que se recomienda desde la comisión dictaminante. Consultados otros líderes de bancada, hay una mayoría de acuerdo con el tema, aunque, de hecho, la bancada colorada no necesita del apoyo de ninguna otra en el caso de decidir que se lo someta a la Justicia.
La diferencia entre desaforarlo y someterlo a juicio político está en que lo primero es circunstancial y pasajero, puesto que una vez que termine la investigación, si no se lo encuentra culpable, volverá a ocupar el cargo. Es más, aunque no hay antecedentes del caso, si se continúa el mismo principio que con los legisladores, puede seguir ocupándolo aunque no goce de fueros.
En el caso del juicio político, sin embargo, aunque es un procedimiento más largo porque intervienen las 2 cámaras, el resultado es definitivo e inapelable. Si se lo encuentra culpable, deberá abandonar la Contraloría.
DESAFIANTE
Mientras tanto, García lanzó el desafío a la Fiscalía para que presenten pruebas en su contra. Está imputado por la producción de documentos falsos que, supuestamente, decían que había apelado un juicio en contra de la Municipalidad de Asunción, cuando era asesor jurídico, en contra de Ivesur. Lo cierto, según la denuncia en su contra, es que jamás apeló la sentencia.
