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ASUNCIÓN.- Esta semana habría novedades en la querella presentada por el presidente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) y asesor del presidente Horacio Cartes, José Ortiz, en contra del titular del PLRA, Efraín Alegre, quien lo había acusado de ser el responsable de la incursión policial en el local de su partido, el pasado 31 de marzo, que finalizó con el asesinato del joven Rodrigo Quintana.
El juez Héctor Capurro es el que tiene a su cargo la querella de Ortiz, quien se sintió ofendido por las afirmaciones de Alegre, que lo sindican como quien dio la orden para que los policías allanaran el local del PLRA la noche mencionada, luego de que una turba enardecida provocara destrozos en el Congreso y en locales del centro de Asunción.
Fiel a su estilo, Alegre convocó a una conferencia de prensa para lanzar esta acusación, aunque sin arrimar prueba alguna, lo cual suele hacer con relativa frecuencia, más aún ahora, que está absolutamente descontrolado ante la cada vez más cierta posibilidad de que la enmienda que habilite la reelección pueda ser aprobada.
A lo que no estaba acostumbrado Efraín es que alguien que se sintiera afectado por sus delirios y falsas acusaciones recurriera a la Justicia para dirimir el conflicto. Y es esto lo que hizo Ortiz, quien, sin dar más vueltas ni liarse en una discusión estéril, lo querelló por difamación, calumnia, injuria y denuncia falsa.
Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía por denuncia falsa y daños y perjuicios causados a su imagen, por lo que exige un resarcimiento económico que va de los 3 mil hasta los 4 mil millones de guaraníes.
De acuerdo a varias fuentes, el juez Capurro iniciaría el proceso esta semana, convocando a las partes. De manera paralela se conocerá al fiscal que entenderá en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
En la noche del 31 de marzo, un grupo de policías ingresaron al local del PLRA, donde se encontraban varios dirigentes que fueron sometidos de manera violenta y Quintana terminó muerto.
Según Alegre, el asesor de Cartes es el verdadero ministro del Interior, ya que es quien decide las cuestiones de seguridad y la actuación del organismo policial, algo que fue negado tajantemente por Ortiz, quien no es funcionario del Estado y se mantiene con un perfil bajo en el entorno presidencial.
