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No se puede hablar de un golpe de Estado cuando un sector quiere que se trate un proyecto determinado, sino cuando alguien se abroga atribuciones que no le corresponden, explicó Carlos María Ljubetic, exasesor del TSJE, quien ratificó que la vía constitucional para la reelección es la enmienda. A Ljubetic también le parece extemporánea la presentación de la denuncia ante la Organización de Estados Americanos por parte de los disidentes y los opositores. “A esta altura, es todavía impensable que la OEA pueda iniciar un juicio hacia Paraguay, con tan poca carne al asador”, manifestó al respecto.
ASUNCIÓN.- El problema no es que se quiera meter un gol, sino que se intente marcarlo en offside, explicó Ljubetic. Esto significa que querer que se trate el proyecto de enmienda no puede ser denunciado ante ninguna comunidad internacional, pero sí hay que denunciar a quien intenta aprobar algo no respetando las reglas de juego.
Un grupo de disidentes colorados y opositores acudió al organismo internacional para denunciar que había una intención de violar la Constitución, aprobando la reelección vía enmienda. La denuncia es contra personas innominadas y bien ambigua, puesto que no existen datos concretos de lo que ellos pretendieron alertar. Lo que habrán pretendido, posiblemente, es utilizar a la OEA como un tribunal jurisdiccional que pudiera dictar alguna medida de no innovar, para evitar que se pudiera presentar el proyecto. A lo mejor no es así, pero es la única explicación que encontramos.
Quien fuera asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue uno de los primeros en manifestarse a favor de la enmienda como mecanismo perfectamente habilitado por la Constitución para que se trate y apruebe la reelección presidencial.
Los senadores que acudieron a la OEA lo hicieron con el ánimo de evitar que el oficialismo colorado junto con el Frente Guasu y el llanismo del PLRA pudieran presentar y aprobar en la Cámara Alta el proyecto de enmienda para la reelección del presidente y los gobernadores, el balotaje y la posibilidad de que los candidatos a presidente de la República integren también las listas de candidatos a senadores de la Nación en sus respectivos partidos o movimientos políticos.
