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La economía paraguaya registrará este año un crecimiento del orden del 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), avaladas por organismos financieros. Esto ubica a nuestro país a la cabeza de todos los del continente americano, en esa materia, y ocupará el segundo lugar en lo que respecta a los índices de inflación, que llegaría al 4%, detrás del Perú, con solo 2,9%. Son dos indicadores muy importantes, que hablan a las claras del buen desempeño económico. Sin embargo, los otros datos de la realidad, los surgidos de la política, son sencillamente aterradores. Sentencias de la Corte que se desacatan, senadores que no son senadores y un nuevo equipo de gobierno que ya ordena torcer un fallo judicial, como el del “Caso Curuguaty”, aún antes de asumir, son algunas de sus expresiones más groseras, que contradicen y ponen en riesgo los logros antes mencionados.
Las buenas noticias, las provenientes de la economía, también señalan que el PIB paraguayo llega en el presente a cerca de 40.000 millones de dólares, según señaló recientemente el futuro ministro de Hacienda, Benigno López. Eso significa que en un periodo de 10 años prácticamente se duplicó lo que el país produce en bienes y servicios, que la torta hoy es el doble de antes.
A esto se suma una deuda pública de poco más de 7.000 millones de dólares, de las más bajas de toda la región, al representar solo el 20% del Producto Interno Bruto, en números redondos, frente al 60% en la Argentina y 80% en el Brasil, por ejemplo. Y como corolario, tenemos un déficit muy reducido, dentro de los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es del 1,5%, mientras que en los países vecinos este se disparó por las nubes.
Ante estos datos de la realidad, algunos políticos dicen, en parte por ignorancia, en parte por interés, que los datos macroeconómicos no aportan nada, que eso no llega a la microeconomía, que no “chorrea” y que con ellos no se va al supermercado. Pues bien, es cuestión de que crucen la frontera y pregunten al formoseño o misionero si piensan lo mismo, o a cualquier ciudad del otro lado del límite con Brasil. Lo más probable es que la tradicionalidad amabilidad de cualquier interlocutor se transformará en su opuesto.
Brasil tuvo varios años de recesión, que se tradujo en la vuelta a la situación de pobreza de millones que habían salido de ella. Recién ahora ha logrado contener la inflación y está comenzando a levantar cabeza lentamente, no sabemos por cuánto tiempo, dada su crisis política no resuelta. Argentina se hunde cada vez más en el pozo, los salarios perdieron en los últimos meses el 30% de su poder adquisitivo, los precios no paran de subir, a la par de un dólar que saltó de 17 pesos a 28; y el gobierno de Macri, entregado a los brazos del FMI, ahora está ejecutando una política de ajustes durísimos, como única “variable” para hacer frente a la fuerte recesión del segundo semestre del 2018.
¿Eso quiere decir que vivimos en el país de Alicia? No. Quiere decir que nos estamos salvando de ser arrastrados por la situación adversa que atraviesa la economía regional y mundial, que merced a ello pudo ampliarse el financiamiento de numerosos programas sociales, ejecutarse obras públicas que generan trabajo, construir miles de viviendas populares, preservar los salarios e inclusive elevar un tanto el consumo, por citar algunas de sus consecuencias prácticas, que los sectores hostiles al gobierno prefieren desconocer, incluyendo a la prensa en primerísimo lugar, salvo contadas excepciones.
También quiere decir que en el Paraguay, hoy, estamos en condiciones de discutir algo de fundamental importancia: Las políticas de redistribución de las riquezas, las de orden público, para invertir más en educación, más en salud, más en viviendas. Para que la inversión pública no solo se mantenga, sino se amplíe, porque partimos de muy abajo en todos estos campos. Una discusión que, por cierto, no está planteada ni en sueños en la agenda de los hermanos argentinos o brasileños.
¿Y cuál es el mayor peligro que enfrentamos? La política o, mejor, los políticos, que con sus constantes atropellos a la institucionalidad y al Estado de Derecho, ponen todo en entredicho todo lo señalado e imparten al mundo entero el mensaje de que en nuestro país reina la anomia jurídica, la total inseguridad en este ámbito.
No tienen ningún derecho a tenernos a todos bajo esta grave amenaza, que puede ser letal para nuestro pueblo. Deben escucharnos y, si no lo hacen, nuestros gritos deben ser lo suficientemente fuertes como para frenarlos.